En el marco de la presentación de un libro ‘La protección del derecho a la protesta’, que trata sobre estándares internacionales y protesta social, especialistas y académicos con una amplia carrera en maetria de derechos humanos llamaron a no estigmatizar ni deslegitimar las manifestaciones sociales, al advertir un retroceso en la libertad de expresión y en el acceso a la información en México.
Durante su intervención, el ex procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga, señaló que la protesta social cumple una función esencial en la vida democrática y que, en el contexto actual, ha sido objeto de señalamientos y sanciones indirectas.
“<i>Hay muchos ejemplos donde las expresiones sociales, a través de las protestas, han sido no solo estigmatizadas, sino también sancionadas indirectamente</i>”,
— Manuel Vidaurri Aréchiga, ex procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato
Vidaurri Aréchiga advirtió sobre el uso de etiquetas peyorativas para desacreditar las manifestaciones y alertó sobre prácticas que distorsionan su sentido legítimo.“Se ha calificado la protesta con expresiones despectivas (marcha fifí), lo que trastoca su sentido y responde a una identidad política perversa que también debe denunciarse”, sostuvo.
El ex procurador también se refirió a fenómenos como la infiltración de grupos violentos para deslegitimar protestas pacíficas y a los nuevos retos que plantea la protesta en entornos digitales, donde —dijo— se han intentado imponer límites mediante amenazas de sanción.
“<i>Los memes son una expresión absolutamente natural de inconformidad; la protesta está transitando de la vía pública a la vía electrónica y habrá que pensar si los estándares internacionales también alcanzan estos espacios</i>”,
— Manuel Vidaurri Aréchiga, ex procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato
El evento fue encabezado por la procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, quien destacó la importancia de generar reflexión y debate sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión, reunión y protesta.
Alcaraz Olvera subrayó uno de los ejes centrales del libro: una protesta pacífica no pierde legitimidad por generar molestias o incomodidades. “No todo lo que altera el orden es ilegal”, afirmó, al cuestionar el uso de ese argumento para descalificar movimientos sociales y juveniles.
Las y los participantes coincidieron en que hacer caso omiso de la estigmatización de la protesta implica una omisión institucional, por lo que consideraron necesario mantener estos temas en la discusión pública y en la interpretación de las normas desde una perspectiva de derechos humanos.