En Guanajuato, donde el debate sobre tecnología y educación ya está en el Congreso local, concluyeron en Celaya los foros sobre la iniciativa que busca regular el uso de celulares en las aulas, en un contexto nacional donde más del 92% de los adolescentes tiene acceso a un teléfono inteligente y el 60% de niñas y niños de entre 6 y 11 años ya utiliza uno propio.
El último encuentro, realizado en Celaya, formó parte del proceso legislativo que analiza establecer lineamientos claros para el uso de dispositivos móviles dentro de las escuelas del estado.
“Regular no es castigar, es proteger”
En representación del secretario de Educación, la directora general de Educación Básica, Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, sostuvo que el tema “no admite decisiones aisladas ni respuestas simplistas” y requiere diálogo, evidencia, ética y visión de largo plazo. Subrayó que el derecho de acceso a tecnologías no equivale a un “derecho irrestricto” a usar dispositivos personales dentro del aula y remarcó:
“En ningún punto de la ley se obliga a que el celular sea una presencia permanente en el aula”.
— Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, directora general de Educación Básica.
Además, enfatizó que la educación básica implica formación integral —aprender a leer con atención, pensar con profundidad y desarrollar autocontrol—, capacidades que se erosionan en entornos de distracción constante. “Regular no es castigar, regular es proteger”, afirmó.
El Congreso informó que las aportaciones recabadas en los foros enriquecerán el proceso legislativo para definir protocolos, uso pedagógico y corresponsabilidad familiar en el uso de dispositivos en escuelas.
Impacto en el rendimiento escolar
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta señaló que menores pasan en promedio entre cuatro y seis horas frente a pantallas, situación asociada a déficit de atención, menor rendimiento académico, irritabilidad y problemas de sueño.
Entre las propuestas se plantea facultar a la autoridad educativa de Guanajuato para emitir protocolos claros, permitir el uso con fines pedagógicos reales e involucrar a madres y padres en la corresponsabilidad.
Las aportaciones recogidas nutrirán el dictamen que actualmente se estudia en el Congreso del estado.