El Gobierno de Guanajuato informó que, tras los hechos violentos registrados el 22 de febrero en distintos municipios, fueron detenidas 48 personas y se iniciaron procesos judiciales por el delito de terrorismo contra parte de los implicados.
De acuerdo con el reporte del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), 20 personas han sido judicializadas. Dos autos de vinculación a proceso fueron dictados contra cuatro personas por la probable comisión de terrorismo en calidad de coautores.
Además, el Ministerio Público judicializó seis carpetas de investigación contra 10 personas por su probable responsabilidad en delitos como terrorismo, delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego.
En total, fueron asegurados mil 046 objetos e indicios, entre ellos armas de fuego, cartuchos, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, droga y bidones con gasolina.
El informe estatal también precisa que 18 personas quedaron en libertad bajo reservas de ley, al no reunirse elementos suficientes para imputación en ese momento.
Postura federal: “no es terrorismo”
Cuestionada sobre estos hechos en conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los bloqueos y actos violentos encuadren en el delito de terrorismo conforme al marco penal federal.
“No, eso no es terrorismo”, respondió al señalar que el tipo penal está claramente definido en los códigos federales.
“(...)no sé cuál sea el la valoración del secretario de gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales (...)
— Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Indicó que podrían configurarse otros delitos como interrupción de vías de comunicación o daño en propiedad ajena, pero no terrorismo.
Contraste jurídico
Mientras la autoridad estatal sostiene que existen elementos para judicializar por terrorismo con base en el Código Penal local, la postura federal apunta a que los hechos no cumplen con la tipificación prevista en el ámbito federal.
Las carpetas de investigación continúan en curso y serán los jueces quienes determinen la situación jurídica definitiva de los imputados.