El fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste informó que en el periodo reportado se activaron 972 alertas relacionadas con desaparición de personas en Guanajuato, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado que tuvo una duración superirior a las cuatro horas.
De ese total, el 95% fueron desactivadas tras la localización de las víctimas, mientras que el 5% restante, equivalente a 48 alertas, permanece activo.
El dato tras ser cuestionado por legisladores locales por los casos que aún continúan en búsqueda, así como por los municipios donde se registran estos hechos.
En la intervención legislativa también se subrayó que la desaparición de personas, ya sea forzada o cometida por particulares, implica la negación de múltiples derechos humanos tanto para las víctimas como para sus familias, por lo que se solicitó fortalecer los mecanismos de protección institucional.
Más de 36 mil medidas de protección para víctimas
Durante la misma comparecencia, legisladores también cuestionaron el alcance de las medidas de protección otorgadas por la Fiscalía a víctimas del delito.
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal, se han otorgado más de 36 mil órdenes y medidas de protección en favor de personas afectadas por distintos delitos.
Las diputaciones solicitaron precisar qué implica cada tipo de medida, así como el tiempo promedio durante el cual una víctima permanece bajo protección institucional.
Fiscalía apuesta por coordinación para reducir rezagos
En su respuesta, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste afirmó que la institución busca reducir el rezago en investigaciones mediante un fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
El funcionario señaló que la Fiscalía trabaja con otras corporaciones de seguridad del estado para mejorar los resultados en la procuración de justicia.
“No lo vamos a lograr solos; ocupamos la coalición y el apoyo institucional de las corporaciones de seguridad para avanzar en favor de la gente de Guanajuato”,
— Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal de Guanajuato
Añadió que la meta institucional es disminuir el rezago en las investigaciones y fortalecer el estado de derecho en los próximos años, mediante un modelo de trabajo basado en coordinación y experiencia institucional.