La propuesta para obligar a municipios de Guanajuato a instalar cámaras en barandillas desató posturas encontradas entre el Ejecutivo, la Fiscalía, legisladores y organismos de derechos humanos durante su análisis en el Congreso local de Guanajuato.
Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la mesa de trabajo, que dirigió el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, revisó la iniciativa que busca establecer la obligación de los ayuntamientos de contar con sistemas de videovigilancia y memoria de grabación en el interior y exterior de instalaciones policiales.
La medida pretende documentar el ingreso, estancia y salida de personas detenidas, así como prevenir desapariciones forzadas, tortura y malos tratos.
PRI: prevenir desapariciones desde la detención
Juan Manuel Álvarez, asesor del grupo parlamentario del PRI, señaló que la desaparición de personas es una de las violaciones más graves a derechos humanos.
“La obligación de videovigilancia se fundamenta en la necesidad de garantizar los derechos humanos de los detenidos, prevenir la tortura y asegurar la legalidad de la detención”,
— Juan Manuel Álvarez, asesor del grupo parlamentario del PRI
Durante la discusión también se subrayó que la desaparición forzada puede comenzar desde el momento en que una autoridad niega reconocer la detención de una persona.
Ejecutivo: “no se considera viable”
Representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal indicaron que la propuesta, en los términos planteados, no es viable.
“En los términos propuestos, la iniciativa no se considera viable, debido a que es un tema que impacta en los tres órdenes de gobierno”, señalaron.
Argumentaron que la materia ya está contemplada en la legislación general y local, además de que debe respetarse la autonomía municipal y considerarse el impacto presupuestal en los 46 municipios.
Fiscalía: la obligación ya existe
La Fiscalía General del Estado sostuvo que la instalación de cámaras en espacios donde hay personas privadas de la libertad ya está prevista en la normativa vigente.
Indicó que la ley establece que estos lugares deben contar con sistemas de videograbación que registren accesos y salidas, y que las grabaciones deben resguardarse hasta por dos años.
Desde esta perspectiva, la iniciativa duplicaría disposiciones ya existentes.
PAN: sí hay facultad para legislar
En contraste, legisladores del PAN rechazaron que la propuesta sea inviable y señalaron que los argumentos del Ejecutivo son de carácter administrativo y no jurídico.
“La autonomía municipal no implica soberanía”, expusieron, al señalar que el Congreso sí puede establecer estándares mínimos cuando se trata de seguridad pública y derechos humanos.
Añadieron que la falta de un cálculo presupuestal no invalida la reforma, sino que obliga a diseñar mecanismos de implementación gradual, coordinación y financiamiento.
Derechos Humanos: medida con sustento internacional
Durante la mesa se expuso que los sistemas de videovigilancia han sido reconocidos por organismos internacionales como herramientas para prevenir tortura, tratos crueles y desapariciones forzadas.
Se indicó que estos mecanismos permiten documentar la actuación de las autoridades, generar evidencia y proteger tanto a personas detenidas como a servidores públicos.
Un problema no resuelto
El diputado Juan Carlos Romero Hicks reconoció que se trata de un problema vigente que no ha sido resuelto.
“Se tiene que ver cómo se atiende y hay diferentes formas de hacerlo”,
— Juan Carlos Romero, diputado local del congreso de Guanajuato
También advirtió que aún no se cuenta con un diagnóstico completo que permita definir la mejor ruta de acción.