En León, 300 familias dieron un paso clave y dejaron atrás la incertidumbre sobre su vivienda y ahora cuentan con escrituras que acreditan legalmente su propiedad. De ese total, 211 fueron entregadas por el gobierno estatal y 89 por el municipio, en un esfuerzo conjunto que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la certeza jurídica.
Solo en León ya se han otorgado más de 700 títulos de propiedad, mientras que a nivel estatal la cifra se acerca a las 2 mil escrituras lo que significa que miles de personas pueden ahora heredar, vender o acceder a créditos con un respaldo legal que antes no tenían.
La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, destacó que este tipo de acciones transforman la vida de las familias al permitirles acceder a mejores condiciones para sus hijas e hijos, con servicios y oportunidades que elevan su calidad de vida. Subrayó que la entrega de escrituras no solo representa un trámite, sino la tranquilidad de contar con un patrimonio legalmente reconocido.
“Van 49 áreas que se regularizan, es de manera histórica y es gracias al equipo y el trabajo del IMUVI, hoy, algo que parecía imposible, San Juan de Abajo arranca su regularización”
— Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León.
Más allá del acto protocolario, el impacto se traduce en estabilidad familiar. Sin escrituras, muchas viviendas quedan fuera de programas de mejora, financiamiento o regularización urbana. Con este documento, las familias no solo aseguran su patrimonio, también se integran plenamente a la vida jurídica y económica de la ciudad.
El avance ha sido posible por la coordinación entre autoridades estatales y municipales, junto con el respaldo de notarías. Este esquema reduce costos y trámites, dos de los principales obstáculos para regularizar propiedades, especialmente en colonias con rezago.
En un contexto donde el crecimiento urbano de León ha sido acelerado, la regularización de viviendas se vuelve estratégica. No solo ordena el territorio, también previene conflictos legales y fortalece el acceso a servicios.
La meta ahora es ampliar la cobertura del programa a más zonas del estado, particularmente aquellas donde aún persisten asentamientos sin certeza jurídica.