El Congreso del Estado aprobó las minutas de reforma a la Constitución federal que establecen un límite a las jubilaciones y pensiones en el sector público, una medida que busca reducir privilegios, pero que abrió un debate sobre sus implicaciones legales.
Durante la discusión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks coincidió en la necesidad de eliminar pensiones excesivas, pero cuestionó que el tope se base en el salario de la Presidencia de la República, al considerar que carece de sustento técnico y jurídico a nivel internacional.
Advirtió además posibles afectaciones a derechos adquiridos, así como riesgos a principios como la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y la progresividad de los derechos sociales.
En contraste, el legislador Antonio Chaurand Sorzano defendió la reforma como un paso hacia la justicia social, al señalar que el sistema actual presenta desigualdades profundas.
Explicó que, mientras existen alrededor de 18 millones de pensionados que perciben en promedio 7 mil pesos mensuales, hay un grupo reducido de cerca de 6 mil personas con ingresos superiores a los 300 mil pesos.
Bajo este contexto, sostuvo que establecer un límite a las pensiones equivalente a la mitad del salario presidencial permitirá corregir distorsiones y generar ahorros estimados en 5 mil millones de pesos.
Estos recursos, agregó, podrían destinarse al fortalecimiento de sectores prioritarios como salud, educación y programas de bienestar.
La aprobación de la reforma coloca en el centro del debate la necesidad de equilibrar la austeridad con la protección de derechos, en un tema que impacta directamente a millones de trabajadores del sector público.