La inseguridad provocó en los últimos años un boom de desarrollos habitacionales cerrados y donde se restringen el acceso a las vialidades por medio de la instalación de plumas o casetas.
Estudios del investigador y consultor independiente Bernd Pfannenstein, señalaban que en 2019 había en el Área Metropolitana de Guadalajara dos mil 722 urbanizaciones cerradas que aglutinan 10 mil 169 hectáreas, es decir, 14.77% de la superficie urbanizada de la metrópoli esta restringida para unos cuantos.
Esto implica que los encargados de dichos fraccionamientos restrinjan el paso no sólo a personas ajenas, sino a sus propios condóminos, a quienes se les exige el pago de cuotas para facilitarles el ingresos a sus comunidades.
Han sido muchos los casos donde se ha denunciado la privatización de vialidades, como ocurren en los fraccionamientos Jardines del Valle o Real del Valle, y ahora se suma el caso del fraccionamiento Villa Fontana, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación dirigida al ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque al señalar que era ilegal que el municipio permitiera la operación de unas casetas y plumas de acceso en esta colonia.
Violación al libre tránsito
La recomendación se originó después que vecinos del fraccionamiento Villa Fontana denunciaron que se violaba su derecho de libre tránsito, pues estas personas afirmaban que cada que vez que trataban de entrar al fraccionamiento, debía bajar del vehículo, presionar un botón y pasar, debido a las plumas que restringían el paso a sus casas.
A aquellas personas que se encontraban al corriente de sus cuotas vecinales, se les otorgaba un tag o una llave electrónica que levantaba las plumas de manera automática. El titular de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón, señaló que esta situación, tolerada por el ayuntamiento era irregular.
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“Confirmamos que desde 2010, personal del gobierno municipal violó la ley a tolerar y consentir la apropiación ilegítima de los espacios públicos a través de la construcción de una caseta y unos arcos así como por la posterior instalación de plumas, para el presunto control de acceso al complejo habitacional y colocadas por la mesa directiva de colonos en una vialidad qué es pública, sin la obtención de licencia o autorización emitida por el ayuntamiento. Personal del ayuntamiento argumentó que su permanencia hasta el momento se justificaba con una encuesta entre los habitantes la cual presuntamente arrojó un resultado positivo en su aceptación; sin embargo, este ejercicio no fue aplicada a la totalidad de la población”, señaló el presidente de la CEHDJ.
Otra situación que se destaca es que el cobro de estas cuotas de colonos, al menos para la ley, no son legítimas y su pago no debe ser condición para facilitar el pago de las personas a sus viviendas:
“El gobierno municipal incurrió en la falta de garantía del derecho colectivo a la ciudad por la ocupación privada del espacio público, derivado de la construcción de la caseta y los arcos en la vía pública, así como la obstrucción del ingreso del fraccionamiento por la instalación de unas barras de seguridad que impiden a los colonos del complejo habitacional Villa Fontana acceder libremente. Además la medida dificulta la integración de sus residentes en el espacio público”, argumentó el ombudsman.
En este momento las plumas de Villa Fontana no se encuentran en operación, pero la recomendación solicita a las autoridades el retiro de las mismas de inmediato y que se elimine de facto el cobro de los llamados tags para ingresar a sus domicilios.
No es la primera vez que se emite una recomendación de este tipo
En 2016, la CEDHJ emitió una recomendación a las autoridades la Tlajomulco por una situación similar: la operación de plumas que restringían el paso a vialidades públicas del fraccionamiento Real del Valle. Las plumas siguen en este fraccionamiento, pues el municipio argumentó que era un tema de seguridad para los vecinos. En Real del Valle no se niega el paso, pero a quienes están al corriente de sus aportaciones vecinales se les facilita el acceso por medio de una llave electrónica.
La CEDHJ señalan que la gente tiene derecho a organizarse para garantizar sus derecho a la seguridad, pero eso no debe violar otras leyes como el derecho al libre tránsito:
“Estas acciones deben realizarse apegadas a derecho, si no vamos a incurrir en la discrecionalidad y en este caso y como en muchos otros lo que deben regular los gobiernos municipales es que el uso de espacios públicos para temas de seguridad se apegue a los procesos jurídicos correspondientes. Es muy sencillo: están los reglamentos y la normativa para regular la vida de las organizaciones ciudadanas, tienen que respetarse esos reglamentos, tienen que garantizarse la debida elección de los representantes y debe estar presente el gobierno en estas actividades. No pueden dejarlo en manos de particular; los gobiernos no pueden decir ‘es que ellos se organizaron y nosotros no podemos hacer nada’, ¡no al contrario ustedes tienen qué darle causa institucional a esa exigencia ciudadana!”.
Expresó que esta resolución no debe de eximir a la gente de atender su responsabilidad de cumplir sus cuotas condominales, porque es algo que ya establece la ley.
“Y particularmente en este caso (Villa Fontana) no existe régimen de condominio. Es por lo que se está pidiendo a la autoridad intervenga para que evite la discrecionalidad que luego a puedo provocar mayor conflictividad social. En los otros fraccionamientos dónde hay este régimen de condominio pues está muyl cara la ley y tiene que respetarse”, concluyó Hernández Barrón.
