Jalisco

Caso de magistrado acusado de abusar de una menor cimbra al Poder Judicial de Jalisco

El funcionario ya fue separado de su cargo, como docente y juzgador y se reaviva el debate de los perfiles encargados de impartir justicia; la Universidad de Guadalajara desatendió denuncias previas

El pleno del Poder Judicial aprobó separar de su cargo al magistrado mientras se realizan las indagatorias; en este momento el funcionario tiene una licencia de cinco días.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJE) de nuevo tiene un escándalo en su seno, debido a la denuncia presentada en contra de un magistrado de la Quinta Sala de Materia Civil, José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de agredir sexualmente a una menor de 15 años de edad.

En las últimas horas, en redes sociales, comenzaron a circular videos donde se apreciaría uno de los acosos de los que fue víctima la menor de edad. Habría materiales delicados que no han sido dados a conocer.

El magistrado llegó en 2017 al Supremo Tribunal de Justicia impulsado por el grupo político de la Universidad de Guadalajara.

Este incidente reaviva el debate sobre los perfiles de los juzgadores en la entidad. En 2016 se vivió una crisis similar cuando el entonces presidente del Supremo, Luis Carlos Vega Pámanes, tuvo que el cargo al descubrirse que este personaje fue sentenciado en 1984 por homicidio imprudencial, lesiones y daños, que lo descartaban de facto para ocupar el puesto. Además se supo que usó el cargo para buscar la liberación de delincuentes.

En e caso de Covarrubias, el pasado martes, familiares y abogados de la víctima, denunciaron las agresiones de las que fue víctima la adolescente de 15 años de edad a manos del magistrado, quien era amigo de la familia.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) en donde daba clases desde 1979, decidió separarlo de su cargo argumentando proteger a la comunidad estudiantil. La realidad es que este magistrado, quien también fue Director del Área de Estudios Jurídicos de la casa de Estudios, fue denunciado en muchas ocasiones por agresiones a alumnas. En 2019, durante el movimiento MeToo, su nombre apareció en varias ocasiones como presunto agresor, pero sus nexos con altos directivos de la Universidad bloquearon las sanciones.

La agresión sexual

El pasado martes, integrantes del Colegio de Juristas Nacional del Estado de Jalisco, quienes representan a la familia, denunciaron el hecho.

“Era como una familia, él era un tío para mi hija, se le abrieron las puertas de la casa, sabíamos que él estaba separado y yo quiero justicia (...) un allegado de mi cuñado nos dijo que él había dañado a mi hija, la verdad, no creímos, ¿verdad? Así pasó hasta que se revisaron las cámaras y ya empezamos a ver las cosas””, señaló Fernando Figueroa padre de la menor.

El abogado de la familia, Óscar Díaz Torrejón, señaló que la denuncia no había sido presentada hasta ahora porque el magistrado manifestó en varias ocasiones tener contactos importantes en la vida política de Jalisco.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó quehabria otra denuncia en su contra que data de finales de octubre por amenazas contra una mujer.

Señaló que el fuero con el que cuenta el funcionario no será impedimento para la búsqueda de justicia.

“Lo cual no es ningún impedimento dado que el ministerio público va a trabajar hasta sus últimas consecuencias para demostrar en este caso una probable responsabilidad, y en su caso si existiera la necesidad de salvar esa barrera del fuero constitucional pues acudiríamos en su momento a las autoridades correspondientes.

La UdeG tenía conocimiento

La casa de estudio por medio de un comunicado señaló que el docente quien da clases en la Universidad desde 1979, en la facultad de derecho, se separaba de sus clases para resguardo de sus alumnos. El tema es que las quejas que fueron presentadas previamente habían sido ignoradas pese a su aparición en el movimiento #Metoo de 2019.

El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) informó que hace 15 años prestaron apoyo a una alumna que había denunciado acoso sexual por parte de este docente y aunque el asunto escaló a una carta presidencial, la Universidad tampoco tomó cartas en el asunto.

Lo separan de su cargo como magistrado

La tarde de este jueves, con 29 votos a favor y dos en contra, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión extraordinaria, aprobó separar de su cargo de manera temporal al magistrado.

Se informó que la magistrada Rosa María del Carmen Ortiz ocupará de momento el cargo vacante en la Quinta Sala.

Durante la sesión, se acordó apoyar al Ministerio Público en las indagatorias de este hecho y abrió una investigación interna en el Poder Judicial para identificar si también hubo algún tipo de acosa en contra de trabajadores de este ente.

Sobre su ubicación, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón, expresó:

“El presentó una licencia económica por cinco días, efectivamente que comenzó a contar el día de ayer y ya se acordó, pero la cuenta de hoy es por la queja pública que presentó Cladem y a la cual le vamos a dar cuenta a los representantes del pleno”.

Análisis

Daniel Espinoza Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

¿Que recursos se pueden aplicar para sancionar al magistrado?

A partir de un hecho delictivo o ilícito hay varias rutas. Desde la vía penal, donde está la denuncia por un posible ilícito, el abuso sexual, que el agente del Ministerio Público deberá de integrar la carpeta. Una vez que se encuentren fundados y que establezcan la existencia del hecho delictivo y la intervención del sujeto, tendrán que recurrir al Congreso del Estado para la declaratoria de procedencia, es decir, quitarle el fuero y ahora sí que el juez de control determine fecha y hora para imputarlo o solicitar una orden aprehensión si existe una necesidad de cautela.

Otra ruta es la demanda por daño moral ante un juzgado civil, que no se requiere más que la víctima decida demandar en la vía civil los daños correspondientes y el Supremo Tribunal de Justicia tiene la ruta de instaurar ya con queja, denuncia o de oficio procedimientos administrativos e incluso dictaminar una medida cautelar.

Otra medida que le corresponde al Congreso del Estado es el juicio político. Son varias acciones que la ley contempla.

¿Se pueden usar las tres?

Todas las rutas son viables, una no excluye a la otra

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