El próximo 22 de abril se conmemora el 30 aniversario de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma y a toda esta distancia, afectados por ese evento acusan que lentamente los recursos para atender médicamente sus secuelas se han ido agotando.
El fondo que atienden a 57 personas con afectaciones a largo plazo por las explosiones, hasta diciembre del año pasado contaba con 16.4 millones de pesos, pero al terminar este año serán seis millones de pesos. Acusan además que lentamente se están quedando sin apoyos.
Denuncian que los donativos que se comprometieron varias autoridades no han llegado tampoco:
“Existe la negación de actualizar mediante mesas de trabajo un convenio de atención médica y hospitalaria a un grupo de afectados y desde hace poco más de seis meses les limitaron el derecho a la salud, esto se desprende actuares desde el presidente del fideicomiso que es el doctor Fernando Alain Preciado, responsable del cargo, también de la subsecretaría general del Gobierno del Estado (…) Esa es la ventanilla única para atender a los afectados por el 22 de abril”, expresó Sonia Solorzano, representante del Colectivo 22 de Abril, quien acusó que lentamente les están negando sus derechos en materia de salud a pesar de los compromisos adquiridos por actores políticos.
También recriminaron la abstención de diputados locales recientemente, a instalar una comisión de la verdad sobre la tragedia del Sector Reforma.
Comisión de la verdad
Por su parte Óscar González, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos señaló que debe retomarse la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer este incidente e incluso han hecho solicitados para que informes que siguen ocultos puedan darse a conocer.
Por ejemplo, solicitaron al Arzobispado por escrito, que se dé a conocer el censo realizado por Cáritas Diocesana de Guadalajara a fines de 1992 e inicios de 1993 en las parroquias de las zona siniestrada y aledañas. Afirman que la información del censo ha sido sistemáticamente negada por las instituciones que ocultan la verdad y no permite cuantificar la cifra real de víctimas.
“Y para tener certeza pedimos al arzobispado ya por escrito, aquí tengo el escrito que se presentó al arzobispado el pasado 1 de abril donde se pide que se de a conocer el censo”, explicó el activista.
Insistió que hay un encubrimiento de fallecidos. La cifra oficial fue de 212, pero González afirma que fueron más de 900 por el registro que se llevaba en el CODE de la avenida Alcalde, que se improvisó como morgue. El expediente de las explosiones señala que la disparidad es porque se empezó a contar a partir del registro que ese año ya tenía el Servicio Médico Forense.
“hemos encontrado fotos donde a los cadáveres se les pusieron unas cartones cerca de la garganta con número 927, 928, por lo que no fueron 210 muertos. (…) La política oficial hacia las víctimas desde mayo de 1992 hasta hoy, con la creación del Patronato de Auxilio e Indemnización a los Afectados, fue dividirlas, y minimizar costos y gastos, incurriendo en minimizar los deberes en la Declaración de Justicia de las Naciones Unidas de 1985″, concluyó.
Presentan el programa de actividades del 22 de abril:
1 Conferencia de las iglesias y las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, los sobrevivientes y la ciudad ultrajada retrospectiva del 22 de abril en Guadalajara 1992 al 2020.
2 Una visión teológica latinoamericana. 16 de abril 2022 6 pm, en la sala de prensa del Café D´Val, Centro Histórico de Guadalajara.
3 Se reabre la Capilla 22 de Abril después de dos años cerrada, se realizará una misa el 22 de abril a las 10 de la mañana. Ubicada en la calle de Gante esquina con Gabino Barreda.
