La violencia política con razón de género es una constante en la vida de las mujeres que desempeñan o buscan desempeñar cargos públicos y se evidenció en el pasado proceso electoral. Un estudio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señala que el 83% de las candidatas fueron agraviadas de alguna manera, pero la mayoría no identificó que fuera un acto de violencia. Apenas el 11% de las afectadas denunció.
Debido a esta falta de información entre las funcionarias, sobre cuáles son actos de violencia y cuáles no, el Instituto Electoral comenzará con cursos de capacitación en todo el estado para explicar a las funcionarios no sólo cuáles son los tipos de violencia, sino donde denunciar.
“En un primer momento a la pregunta si sufrió alguna manifestación de violencia política contra las mujeres en el proceso electoral, más del 53% de quienes contestaron dijeron que no, más del 40% dijeron que sí y casi un 10% dijo no saber, sin embargo, una vez que se contestaron las preguntar ya desagregadas en cada una de las conductas que constituyen violencia política con razón de género resultó que el 83% de las mujeres había sufrido alguna manifestación de violencia”, explicó la consejera electoral Zoad Jeanine García González.
El tema es que las funcionarias, en muchos de los casos, no denunciaron por diversos factores: el 33% desconocía la ruta para denunciar; el 29% por temor a reacciones contra su seguridad personal o familiar, el 22% por desconfianza a la autoridad y 16% por temor a represalias.
Las manifestaciones más recurrentes de violencia política con razón de género son la violencia digital, el descredito por ser mujer, el ocultamiento de información, el acoso laboral o sexual en el ámbito de la administración pública, el sexismo en medios de comunicación, entornos de violencia e inseguridad durante las campañas y el desempeño del encargo, desigualdad de recursos para hacer campaña , amenazas e intimidación , comentarios despectivos por parte de partidos políticos que consideran como un castigo la paridad, exclusión en la toma de decisiones, entre otros.
En el pasado proceso electoral se procesaron 15 quejas por violencia de género y en este año suman tres quejas y sujetos sancionados por esta práctica, en todos los casos de 2022, los responsables han sido personas vinculadas a los medios de comunicación.