Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) señalaron que obtuvieron un amparo de una autoridad federal para que se de a conocer el sentido del voto de cada diputado en la sesión extraordinaria del 6 de abril, que se prolongó hasta la madrugada del día 7, donde los legisladores locales autorizaron el matrimonio igualitario en el Código Civil de Jalisco.
En aquella fecha el matrimonio igualitario se incorporó al Código Civil de la Entidad con una aprobación de 26 votos, tres abstenciones y ocho en contra. En propuesta de la diputada Susana de la Rosa de Futuro, se autorizó que el voto de los legisladores fuera secreto ante las amenazas que habían sufrido varios de ellos por apoyar el matrimonio igualitario. Dichas amenazas procedieron de grupos de derecha y temían represalias por manifestarse a favor del dictamen.
El jefe de cabildeo del FNF, Jaime Cedillo e integrantes de otras organizaciones señalan que la votación fue en lo obscurito y a espaldas de la sociedad y por ello recurrieron a la justicia para trasparentarlo.
“La finalidad de este amparo es clara: la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Legislativo. En un estado democrático, los ciudadanos eligen libremente a quienes les gobernarán y representarán, por su perfil, por sus cualidades y propuestas, principalmente por afinidad con los temas que en sus propuestas de campaña presentan de cara a la sociedad”, señaló el abogado Juan Pablo Andrade Rojas.
Los litigantes que presentaron el amparo acusaron que en el Diario de Debates se transcribe la sesión, pero por tratarse de votación secreta no se revela que fue lo que decidió cada diputado.
Insistieron que la próxima semana darían una nueva rueda de prensa donde revisarían e incluso denunciarían o señalarían el cumplimiento de resolución del tribunal.
Los argumentos para la presentación del amparo
1. No se justificó el interés público, que esta limitante perseguía, para que se llevará acabo y ejecutará la votación mediante cédulas que impidieron conocer el sentido del voto de los legisladores. No existió justificación alguna para tomar esa medida.
2. Esta medida inhibió la participación de los ciudadanos a formularse una opinión de la actuación de sus legisladores estatales.
3. Se impidió ejercer su derecho para la toma de decisiones políticas informadas, clave esencial de la democracia del Estado Mexicano.
4. La omisión de conocer los sentidos de votación de los legisladores restringió el derecho de los ciudadanos a ejercer control social con el acceso a la información, lo que violento sus derechos de libertad de expresión y de acceso a la información previsto en los artículos 6 y 35 constitucionales en relación con el artículo 1 y de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en sus artículos 13 y 23
