La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) llevó a cabo la clausura del basurero de Los Laureles, luego que intentaron realizar una inspección al predio y trabajadores del sitio se los impidieron.
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El basurero de Los Laureles, ubicado en los límites de El Salto y Tonalá, cerró sus puertas el 1 de noviembre de 2021, lo que ha desencadenado con una crisis en el manejo de los residuos sólidos en la metrópoli. Sin embargo, su cierre era necesario ante los daños medioambientales y a la salud que estaba generando en las comunidades alrededor de este vertedero.
Operado por la empresa Caabsa Eagle y a donde llegaba la disposición final de los desechos generados por El Salto, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque, tenía múltiples irregularidades, como que los desechos eran dejados a cielo abierto y no los enterraban, había fuga de lixiviados (jugos de la basura) que permeaban a los mantos acuíferos porque no había geomembranas para retenerlos y se registraron incendios en varias ocasiones.
Se informó que una persona que se identificó como administrador del predio negó el acceso al personal federal que revisarían los avances en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 083. El terreno es municipal, propiedad del ayuntamiento de Guadalajara, pero lo opera la empresa Caabsa.
En el sitio ya no hay pepenadores, sólo se les permitió estar algunos meses mientras terminaba el rescate de objetos reciclables.
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La empresa Caabsa Eagle es responsable de las primeras etapas del proceso de saneamiento, pero se afirma que de momento los avances son limitados. Los daños ambientales generados por Los Laureles afectan comunidades como Tololotlán y Puente Grande en Tonalá, así como las cabeceras municipales de El Salto y Juanacatlán, entre otras.
