Bajo el argumento de no contaminar el proceso con temas políticos, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, pedirá que los tres jóvenes detenidos por el caso Iconia enfrenten su proceso en libertad.
La detención de Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), así como sus colaboradores, Iván Cisneros y José Rojas, escaló el conflicto de la casa de estudios con el Gobierno del Estado.
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La Universidad de Guadalajara (UdeG) acusó que la detención de los jóvenes fue represalia por su resistencia al proyecto de Iconia en Periférico y Calzada Independencia, e impulsado desde que Alfaro fue alcalde de Guadalajara.
Alfaro Ramírez dijo que ni él ni el Gobierno de Jalisco se entrometen en los otros poderes del Estado, en particular en la disputa legal entre una empresa inmobiliaria y estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Señaló el mandatario que el proceso que se le sigue a los jóvenes es un asunto entre particulares.
“Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad”, señaló el mandatario, después de varios días de manifestaciones por parte de la comunidad universitaria.
Alfaro negó las acusaciones en su contra respecto a que él gira instrucciones para presionar el futuro legal de los estudiantes y su interferencia en el Poder Judicial.
“Hasta el día de hoy yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El Gobernador del Estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El Gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal”, expresó Alfaro.
Afirmó que el proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse si no por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el Código Penal del Estado.
