La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentaron acciones de inconstitucionalidad contra el Legislativo de Jalisco para “corregirle la plana” con las leyes de ingresos de al menos una treintena de municipios donde se encontraron desde cobros excesivos hasta algunos que no estaban justificados.
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Se ha vuelto tendencia las correcciones a las leyes de ingreso que, en teoría, pasan por revisión del Legislativo local antes de su aprobación. Sin embargo, por lo general es en instancias superiores donde se detectan las irregularidades que terminan siendo impugnadas con acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La CNDH interpuso acciones de inconstitucionalidad bajo el argumento de que los ayuntamientos realizan cobros, en algunos casos excesivos y en otros no procedentes.
Por ejemplo, se impugnan cobros indebidos en el servicio de agua potable de nueve ayuntamientos (Acatic, Ahualulco de Mercado, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlanejo), por derechos no especificados en 23 municipios (Acatic, Acatlán, Ahualulco, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac, Atengo, Atenguillo, Atotonilco, Atoyac, Tequila, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica, Zacoalco, Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo) y finalmente, por cobros excesivos, desproporcionados e injustificados para obtener información pública, en 22 ayuntamientos (Acatic, Acatlán, Ahualulco, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac, Atengo, Atenguillo, Atotonilco El Alto, Atoyac, Tequila, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco, Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo).
Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una acción de inconstitucionalidad contra las leyes de ingresos de cuatro municipios y combate las multas aplicadas a quienes practiquen deportes o jueguen en la calle, medida que ha resultado controversial. También se discute la legalidad de los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno por aprobar estar reformas. La acción de inconstitucionalidad 18/2023 pelea la reforma a los reglamentos aplicada en Zapopan, San Juan de los Lagos, Tamazula y Talpa de Allende.
El documento discute la legalidad de las leyes de ingresos de 12 municipios de Jalisco por realizar cobros excesivos o fuera de la ley, como documentos solicitados por transparencia, actas de nacimiento, documentación catastral, certificaciones o engomados. Entre los municipios están Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Atotonilco, San Martín de Bolaños, Tepatitlán, Tamazula, Ejutla, Talpa, entre otros.
Las dos acciones de inconstitucionalidad se encuentran ya en revisión por los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
