Luego de la aprobación en el Senado de la llamada Ley Sabina, colectivos feministas de Jalisco y opositores a la violencia vicaria piden reformas a ley local, para que se mejore el registro estatal en el tema y obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus responsabilidades.
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La mañana de este martes, integrantes de Las Paritaristas y del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria instalaron un tendero en plena Plaza de la Liberación para exhibir a presuntos deudores de pensión alimentaria. Acusan que la omisión en el pago de estas pensiones es una de las principales formas de violencia vicaria, es decir, la que no se ejerce directamente sobre las mujeres, sino sobre sus seres queridos (en este caso, los hijos), para generar un perjuicio.
La Ley Sabina señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán incluir como requisito en sus trámites la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este documento será obligatorio para ciertos trámites como licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, intención de participar como candidato a cargos de elección popular, participación en procesos de selección para ser juez o jueza en el ámbito local y federal o realizar trámites notariales.
“Ahora sí es como sí le duela, pues es a través de que no puedan renovar su INE, no puedan renovar la licencia de conducir, que no puedan sacar un pasaporte, como vamos poniéndoles más candados para que realmente vean que esto es en serio, que toda la sociedad les vamos a exigir ahora sí que cumplan con este deber de progenitores”, explicó Nancy Castañeda de Las Paritaristas.
Piden mejoras a la ley actual de Jalisco
La diputada Dolores López Jara recibió a varias de las activistas que instalaron el tendero en Plaza de la Liberación.
Desde julio de 2022 la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso trabaja en un proyecto contra la violencia vicaria y desde 2019, en Jalisco, ya existe un registro de deudores alimentarios.
Entre las modificaciones que están pidiendo los colectivos feministas está crear el delito de abandono de mujer embarazada, como ya es reconocido en Nuevo León y Guerrero. Si a causa del abandono la mujer o su bebé sufrieron lesiones o se puso en riesgo su salud, la pena se incrementará un tercio y a la mitad si se hubiese provocado la muerte de la mujer o el bebé.
Se busca también que la Dirección del Registro Civil celebre convenios con las sociedades crediticias a fin de proporcionar la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en su caso, se solicitará su inscripción en el Buró de Crédito.
Cuando el deudor alimentario se niegue a entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia, será responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir esa necesidad. Sólo deberá pagar el monto estrictamente necesario y siempre que no se trate de gastos de lujo.
Se pretende además que si el obligado, mediante resolución judicial al pago de la pensión alimentaria, dejara de cubrirla sin causa justificada por un periodo mayor a 90 días, la autoridad deberá dar aviso a las autoridades migratorias a fin de restringir su salida del país.
Finalmente, al deudor alimentario no se expedirá ni se refrendará licencia de conducir mientras permanezca inscrito en el Registro Estatal de Deudores.
