En atención a una denuncia ciudadana, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró una obra de construcción ilegal en el Ejido de Pizota, municipio de Cabo Corrientes.
Durante un recorrido de inspección, las autoridades detectaron una brecha en zona arbolada que corresponde a selva baja caducifolia, lo que implicó el derribo de vegetación y movimiento de suelo sin autorización de impacto ambiental, la cual debe ser emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Como medida de seguridad, se aplicó la clausura inmediata del sitio.
Banco de material en Tala operaba sin permisos
En una segunda intervención, Proepa ejecutó la clausura total temporal de un banco de material geológico en el municipio de Tala, como resultado de una resolución administrativa.
El sitio fue suspendido por incumplir la normativa ambiental vigente al operar sin autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), infringiendo el artículo 26 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Empresa ganadera clausurada en Tlajomulco
El 23 de mayo, personal de Proepa y la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco inspeccionaron una empresa ganadera ubicada sobre avenida Acueducto, en la colonia El Mirador. La revisión derivó en la clausura parcial temporal del establecimiento.
La empresa no contaba con el registro de Gran Generador de Residuos de Manejo Especial, ni con un plan de manejo, bitácora de residuos, o documentos que demostraran la entrega y disposición adecuada de los desechos en un sitio autorizado. Se violaron los artículos 41, 42, 52 y 58 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco.
Refuerzan vigilancia ambiental en el estado
La Proepa reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y anunció que intensificará los recorridos de vigilancia en todo el estado, con el fin de detectar y sancionar a quienes operen fuera del marco legal ambiental. Las autoridades aseguraron que no permitirán la degradación de ecosistemas ni el manejo irregular de residuos.
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