Con el objetivo de frenar el uso del poder público como herencia familiar y eliminar la reelección inmediata en cargos de elección popular, la diputada de Morena, Itzul Barrera Rodríguez, presentó en el Congreso de Jalisco una propuesta de reforma constitucional y legal conocida como la Ley Antinepotismo.
En rueda de prensa, la legisladora explicó que esta iniciativa se alinea con las reformas impulsadas a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, y retoma uno de los principios fundacionales de la Constitución de 1917: “Sufragio efectivo, no reelección”.
“El servicio público no debe ser una gerencia familiar ni un privilegio heredado; debe ser una responsabilidad al servicio del pueblo”, declaró Barrera Rodríguez.
¿Qué propone la Ley Antinepotismo en Jalisco?
La iniciativa contempla dos pilares fundamentales:
- Prohibición de reelección inmediata: A partir del proceso electoral de 2027, ningún funcionario que haya ocupado un cargo de elección popular en el estado (como diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas) podrá reelegirse para el periodo inmediato siguiente.
- Restricciones por parentesco: También se impediría que personas con vínculos de parentesco hasta el segundo grado con funcionarios en funciones puedan postularse para el mismo cargo en la elección siguiente.
Contrapeso a las “dinastías políticas”
La propuesta pretende cerrar el paso a lo que la legisladora definió como “el uso patrimonialista del poder”, fenómeno común en municipios donde los cargos pasan de padres a hijos, hermanos o cónyuges sin alternancia real.
Adelantan aplicación local
Aunque la reforma federal fue aprobada en abril de este año con entrada en vigor en 2030 (tras presiones políticas para retrasarla), la iniciativa jalisciense busca adelantar su implementación a 2027, reforzando la autonomía legislativa del estado en temas éticos y electorales.
¿Qué es lo que sigue?
La propuesta fue turnada a comisiones del Congreso del Estado, donde se espera sea analizada en las próximas semanas. De avanzar, se requerirá mayoría calificada para modificar la Constitución local.
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