La decisión del Congreso de Jalisco de extinguir al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITEI) marca un giro radical en el modelo de acceso a la información en la entidad.
A partir de la aprobación de la reforma, la cual fue avalada con 27 votos a favor y 8 en contra, será la Contraloría del Estado la que asuma las funciones que hasta ahora ejercía el organismo autónomo.
Este cambio, que se sustenta en una reforma federal promovida desde finales de 2024 para centralizar funciones en órganos estatales, ha provocado una intensa discusión pública en torno a sus alcances y consecuencias. Mientras el gobierno defiende la medida como un acto de eficiencia administrativa, diversas voces advierten un debilitamiento en los mecanismos de vigilancia ciudadana.
Pérdida de autonomía y concentración de funciones
La principal inquietud que ha generado esta reforma radica en el desplazamiento de un organismo autónomo por una dependencia del Ejecutivo del estado.
El ITEI contaba con independencia operativa y capacidad de decisión propia, lo que permitía que sus resoluciones no estuvieran sujetas a intereses del gobierno en turno.
Con la nueva disposición, la Contraloría (subordinada al gobernador) será la responsable de recibir solicitudes, resolver recursos de revisión y sancionar casos de opacidad o mal manejo de datos personales.
Especialistas en transparencia y legisladores de oposición han cuestionado que el Ejecutivo asuma ahora la función de vigilarse a sí mismo. Para ellos, esto equivale a eliminar el contrapeso institucional que garantizaba la rendición de cuentas, al convertir al gobierno en juez y parte en los procesos de acceso a la información.
Reestructura sin plan de transición claro
La reforma otorga un plazo de 90 días para que el Congreso de Jalisco legisle sobre las reglas operativas del nuevo modelo, incluyendo la creación de un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría que se encargue específicamente de las funciones del extinto ITEI. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un plan concreto para garantizar una transición ordenada ni cómo se resolverán los más de mil recursos pendientes en trámite.
Tampoco existe claridad sobre la situación del personal del ITEI ni sobre los mecanismos que se utilizarán para proteger la integridad de los datos personales que actualmente administra.
La falta de definiciones ha generado incertidumbre y preocupación entre quienes consideran que los derechos ciudadanos podrían verse vulnerados durante este proceso.
Entre el ahorro y el debilitamiento institucional
Los promotores de la reforma han insistido en que la eliminación del ITEI generará un ahorro de aproximadamente 67 millones de pesos anuales, recursos que, afirman, podrán ser redirigidos a prioridades estatales.
No obstante, quienes se oponen argumentan que el costo de este ahorro será la erosión de una estructura construida durante más de dos décadas para garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales de los jaliscienses.
Para la presidenta del ITEI, Olga Navarro, la medida representa un retroceso de 20 años en materia de transparencia, al desmontar un organismo que había logrado consolidar criterios técnicos y jurisprudencia local.
A su juicio, la Contraloría carece de las condiciones para ejercer esas funciones de forma autónoma y efectiva.
El reto de garantizar derechos sin intermediarios
La reforma plantea una reconfiguración profunda del sistema de transparencia en Jalisco. Lo que está en juego no es sólo la administración de información pública, sino la posibilidad real de que la ciudadanía mantenga un canal independiente para exigir cuentas al poder.
En los próximos meses, el Congreso de Jalisco deberá definir cómo operará este nuevo modelo bajo la estructura de la Contraloría.
La pregunta que se mantiene en el aire es si el Estado será capaz de garantizar el derecho a la información con la misma solidez y autonomía que ofrecía el ITEI, o si esta transición se convertirá en un punto de inflexión hacia una etapa de opacidad institucional.
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