Con el crecimiento desmedido de plataformas como Airbnb y la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda, en Jalisco se han encendido las alertas.
La diputada local Mariana Casillas presentó recientemente una iniciativa que busca frenar la especulación inmobiliaria en el estado, proponiendo medidas pioneras como la regulación de alojamientos temporales y la aplicación de un impuesto a viviendas deshabitadas.
En entrevista exclusiva con Publimetro México, Casillas detalla cómo esta propuesta busca regular el derecho a la vivienda digna, y qué mecanismos se pondrán en marcha para evitar abusos y garantizar la transparencia.
Ni frenar el turismo ni perder el derecho a la vivienda
La diputada explicó que con esta iniciativa no se busca perjudicar a los arrendadores, sino de ponerle límites al crecimiento desordenado en la especulación inmobiliaria. Por ello, se planea encontrar un punto de equilibrio entre esta actividad y el derecho a la vivienda digna a través de la regulación de plataformas como Airbnb y de la vivienda deshabitada.
Para ello, se busca limitar “la concentración de alojamientos temporales en zonas de alta presión inmobiliaria, exigiendo licencias y estableciendo cupos para priorizar el uso habitacional".
De la misma manera, se sabe que uno de los pilares de la iniciativa es el padrón estatal de alojamientos temporales, por lo que nos compartió como es que este funcionará y cuáles serán las sanciones a las que se podrían enfrentar aquellos que no se ajusten a los nuevos lineamientos.
“El padrón será obligatorio, digital y verificable. Incluirá datos del propietario, del uso del inmueble y de la ubicación, y las multas irán desde multas hasta la suspensión del alojamiento en plataformas si no se cumple con los lineamientos y requisitos”.
Impuesto a casas vacías se destinará a vivienda social
En cuanto al impuesto a viviendas deshabitadas, Mariana anticipa que se buscará garantizar que los recursos recaudados se traduzcan realmente en vivienda accesible a través de un fondo exclusivo de producción, mejoramiento y renta social de vivienda.
“Los recursos se destinarán a un fondo exclusivo para la producción, el mejoramiento y la renta social de vivienda. Se prevé también un esquema de trazabilidad pública para asegurar su uso directo en proyectos habitacionales y evitar desvíos“.
Con respecto a cómo se evitará que pequeños arrendadores se vean afectados por estas medidas, la diputada fue clara: buscan establecer un límite por persona física para la renta temporal y un registro simplificado para quienes demuestren que viven en el mismo inmueble.
“Que demuestren que nada más rente un cuarto o algo por el estilo. El uso especulativo se identificará por el número de propiedades, la duración de la desocupación y también la rotación intensiva en la plataforma“.
Lecciones globales, solución local
Finalmente, la iniciativa fue construida con base en experiencias internacionales en ciudades que han enfrentado problemáticas similares, como Barcelona, Nueva York, Lisboa y Ciudad de México.
La diputada indica que el modelo se adaptó a la realidad legal, fiscal y urbana de Jalisco, donde la fragmentación municipal y las capacidades fiscales locales requieren un enfoque flexible y graduable.
“Se analizaron modelos de Barcelona, Nueva York, Lisboa, Ciudad de México, y la adaptación consideró la estructura catastral local, el maco fiscal estatal y la fragmentación urbana en Jalisco. Previsamos medidas que son fiscales y graduables según el contexto municipal“.
Con esta iniciativa, se busca abrir el debate sobre el futuro de las ciudades en Jalisco, especialmente para las del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), poniendo en tela de juicio cuestiones como el objetivo de la construcción inmobiliaria, su público objetivo, quiénes pueden acceder a estas y el cómo se puede garantizar que el desarrollo económico no sacrifique derechos fundamentales de para el resto de la ciudadanía.
La propuesta, aún en discusión legislativa, ya ha generado reacciones en distintos sectores.
De esta manera, la iniciativa no se convierte en un problema para aquellas personas que sólo rentan un cuarto, sino en una medida regulatoria para quienes convirtieron el acceso a la vivienda en una mercancía para pocos.
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