La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Jalisco) lanzó un llamado urgente a diputados del Congreso de la Unión para abrir espacios de diálogo sobre la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado el pasado primero de octubre. La organización empresarial advirtió que las modificaciones, lejos de fortalecer la justicia, podrían generar incertidumbre jurídica, afectar a miles de empresas y poner en riesgo empleos en todo el país.
El comunicado, firmado por Raúl Flores López, presidente de Coparmex Jalisco, fue difundido con el objetivo de invitar al diálogo y de subrayar los riesgos estructurales que la reforma podría acarrear, tanto para el ámbito empresarial como para la ciudadanía.
Hacen un llamado a la reflexión: “La iniciativa sigue generando preocupaciones”
En su mensaje, la organización reconoce el valor histórico del juicio de amparo, considerado una de las mayores aportaciones de México al constitucionalismo mundial, al ser un instrumento esencial para defender a las personas frente a abusos de autoridad.
Sin embargo, Coparmex Jalisco enfatizó que “la iniciativa en discusión sigue generando aún serias preocupaciones en el ámbito empresarial y de la ciudadanía en general”, por lo que considera necesario frenar el proceso legislativo y abrir un diálogo con los sectores productivos y sociales antes de cualquier aprobación definitiva.
Riesgos para la economía y los empleos
Uno de los principales puntos señalados en el documento es la rigidez que se impondría en la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo. Según la organización, esta modificación debilitaría la eficacia del recurso como salvaguarda inmediata, ya que en casos de bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las empresas no podrían seguir operando mientras se resuelve el proceso legal.
Esto, advierte Coparmex, “puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias”, un escenario especialmente preocupante para las micro, pequeñas y medianas empresas que sostienen buena parte del empleo formal en México.
Las reformas que podrían favorecer solo a grandes corporaciones
Otro punto que la Coparmex considera crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluiría la posibilidad de usar inmuebles, prendas o negocios en marcha como garantía.
Esto, alertan los empresarios, generaría un esquema desigual que favorecería a las grandes corporaciones con mayor liquidez, dejando en clara desventaja a los pequeños negocios, emprendedores y comercios familiares que representan el motor de la economía mexicana.
Falta de claridad y retroactividad: las alertas más graves
La organización también expresó preocupación por la permanencia de la cláusula de “imposibilidad jurídica o material”, al considerarla demasiado abierta. Con ello, advierte Coparmex, las autoridades podrían evadir sanciones argumentando falta de presupuesto o de recursos, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos ciudadanos.
Aun más grave, destaca el comunicado, es que el Senado reincorporó un artículo transitorio que permitiría aplicar la reforma de manera retroactiva, lo que afectaría incluso a los juicios que actualmente se encuentran en trámite.
“Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos. Más que una modificación real, parece un distractor político para desviar la atención del fondo del problema. Lo verdaderamente urgente es poner atención a los riesgos estructurales que esta reforma presenta para la justicia, la seguridad jurídica y la operación de las empresas”.
Confianza en el Congreso, pero piden responsabilidad
Finalmente, Coparmex Jalisco reafirmó su confianza en que los legisladores federales “sabrán honrar su papel como garantes del orden constitucional y del desarrollo democrático del país”, y reiteró su “disposición permanente para dialogar y aportar en este proceso legislativo”.
El llamado es claro: antes de aprobar una reforma de esta magnitud, es indispensable escuchar a los sectores productivos, académicos y sociales, para garantizar que las decisiones se tomen con visión de Estado, equilibrio institucional y respeto a los derechos de los ciudadanos.
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