El Gobierno de Jalisco cumplió con el procedimiento constitucional para la renovación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, fue el encargado de asistir al Congreso del Estado para entregar la propuesta de la terna enviada por el Ejecutivo para elegir al próximo titular del órgano especializado.
La terna, integrada por Ricardo Sánchez Beruben, Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez, queda ahora en manos del Poder Legislativo, el cual deberá resolver el nombramiento conforme a las fechas y lineamientos establecidos.
Destacan los criterios de selección
La propuesta del Ejecutivo se presenta después de analizar el informe con opinión técnica que emitió el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción Estatal. Dicho documento evaluó el desempeño y los perfiles profesionales de las personas aspirantes para este cargo público.
“El CPS tiene la facultad de hacer esta evaluación para que el gobernador, con los criterios que aporta el CPS, pueda definir a las personas que representan esta terna y que podrán ser designadas por el Congreso. Desde luego esta asamblea máxima del Congreso de Jalisco será la que tome la última decisión”, señaló el secretario General.
De la misma manera, quedó establecido que será el Congreso quien defina a la persona que encabezará la Fiscalía Anticorrupción.
“A partir de ahora la discusión está en el Congreso del Estado y, respetando la autonomía del congreso, esperemos que existan los acuerdos necesarios para que, conforme lo indica la convocatoria, el día 20 a más tardar tengamos el nombramiento de la persona que estará al frente de la Fiscalía Anticorrupción”, puntualizó Zamora Zamora.
Sobre la duración del cargo
Una vez hecho el nombramiento, el periodo será de siete años, contados a partir del 15 de febrero de 2026 o bien desde el momento en que la persona titular rinda protesta de ley ante el Congreso del Estado.
Las autoridades estatales que este diseño institucional busca dar continuidad al fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción y garantizar independencia funcional.
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