De lo sancionado a lo tolerado, ése es el estatus actual del sexoservicio en el Distrito Federal.
Y es que el Gobierno capitalino asignó espacios autorizados a más de un centenar de trabajadoras sexuales para ofrecer sus servicios; sin embargo, se niega a aprobar las reformas que una jueza federal le ordenó para garantizar sus derechos laborales.
Mediante la figura de trabajadoras no asalariadas, desde el año pasado las sexoservidoras tienen permiso para laborar en nueve colonias: Centro, Guerrero, Obrera, San Rafael, Tabacalera, Hipódromo Condesa, Portales, Tránsito y Algarín.
Según información de la Secretaría del Trabajo del DF –obtenida vía Transparencia– hasta el mes de marzo, se habían entregado 113 credenciales a quienes ofertan este servicio en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Dicho documento ampara sus derechos laborales y evita que sean remitidas al Juzgado Cívico, así como la extorsión por parte de los denominados “padrotes”.
Asimismo, se les asignaron las calles donde pueden ofrecer sus servicios y para lo cual la dependencia capitalina tuvo que llegar a acuerdos con los vecinos.
Sin embargo, esta acción no responde a la buena voluntad de las autoridades, sino a una orden de la jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Paula García Villegas, quien a inicios de 2014 resolvió que sancionar el trabajo sexual es inconstitucional.
Esto luego de que 19 sexoservidoras se ampararan debido a que en 2007 solicitaron una credencial de trabajadoras no asalariadas al Gobierno capitalino y les fuera negada.
De esta manera, pidió a las autoridades capitalinas reconocer el derecho al trabajo no asalariado que tienen las personas que se dedican a dicha actividad.
Una legislación en el olvido
Adicionalmente, la jueza estableció que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificara la Ley de la Cultura Cívica para que la prostitución deje de ser causa de sanción administrativa; que no sean remitidas al Juzgado Cívico por esa causa…
