Andrés Manuel López Obrador nuevamente se cruzó en la agenda legislativa que buscaba corresponder a las exigencias de las Fuerzas Armadas para que el Congreso implemente un nuevo marco jurídico que justifique sus tareas de seguridad pública. Legisladores cercanos a las negociaciones nos dicen que las críticas del tabasqueño sobre el enfrentamiento de las Fuerzas federales con supuestos criminales en Nayarit sí caló en la Sedena y en la Marina, donde estuvieron de acuerdo en extender y aplazar esta aprobación, pues creen que procesarla rápidamente abonaría al discurso contrario del aspirante a la Presidencia de la República.
Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado (PRI), se comprometió con el Comité de Participación Ciudadana a concluir la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de los sistemas locales a más tardar el próximo 19 de julio. El priista, nos dicen, pidió a los nuevos integrantes del Comité participar en las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, proceso que se volvió a retrasar (tienen fecha al 14 de marzo) pues no tienen ni un mínimo acuerdo aún en torno a los perfiles.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo segunda a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, en torno a la renuncia de varios perredistas en las últimas semanas. Nos dicen que en pláticas privadas, Mancera asegura que esas salidas son parte natural de la vida partidista y que, en su opinión, para nada afectan al partido y de paso, tampoco afectan a sus aspiraciones presidenciales. Barrales ha entablado comunicación con perredistas de primer rango a fin de evaluar desde su puesto las implicaciones de la salida de varios perredistas, principalmente en el Senado y determinar si necesitan o no una “operación cicatriz” que evite que el partido se fracture (más) internamente.
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