La corrupción en México es un mal que todos sufrimos. El dinero público que debería servir para más escuelas, centros de salud, para invertir en obras y servicios de calidad, se queda en unas cuentas manos. Y esto tiene su origen en lo que llamo las 5 C´s de la Corrupción: Campañas políticas, Compra de votos, Clientelas, Compadres y Contratos.
En tiempos electorales, quienes aspiran a un cargo de elección popular pregonan el combate a este flagelo. Pero en reuniones con empresarios, prometen servicios a cambio de apoyos económicos, que se convierten en favores de jugosas ganancias.
Uno de los rubros más socorridos es la obra pública, por la cual, además de apoyos económicos durante la búsqueda del puesto, se paga cierto porcentaje, variable de acuerdo con quien la ofrece. Recordemos aquella frase que corre entre pasillos políticos: “Entre más obra, más sobra”.
Para ilustrar la situación, de acuerdo con Transparencia Internacional, el pasado 25 de enero, nuestro país cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 en el sector público. En 2015 ocupábamos el lugar 95, y en 2016 pasamos al sitio 123, entre 176 países analizados. Inclusive ocupamos el último lugar dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Este anuncio reafirma nuestra posición en 2016, en los trabajos para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, de aquella alianza de la clase política y sociedad civil, cuando se materializó el fortalecimiento y coordinación de las instituciones actuales, como la Auditoria Superior de Fiscalización con la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. Las señales de alerta se activan ante el retraso de las reformas para armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción con el resto del andamiaje jurídico; el retraso del nombramiento del Fiscal Anticorrupción que forma parte vital del Sistema Nacional Anticorrupción y el silencio alrededor del rediseño de la PGR.
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Justamente, la Auditoría Superior de la Federación, en su informe de la Cuenta Pública de 2015, en la cual se analizaron 727 auditorías con un monto de 188 mil mdp, señala al “desarrollo de infraestructura y obra pública” como un área que es vulnerable a presentar problemáticas, fallas y anomalías y que representa riesgos constantes y cuyas implicaciones recaen sobre las finanzas públicas, el crecimiento y el bienestar económicos y sociales.
Es justo en las contrataciones de obra pública donde existe esa práctica de financiamiento privado a candidatos a puestos de elección popular a cambio de la adjudicación de obra pública, que al final es de mala calidad, sobre preciada y de constantes modificaciones de los contratos que atentan contra el interés público.
Además de todo esto, estoy convencido del nuevo papel que debe asumir la industria de la construcción y toda su cadena de valor para reactivar el mercado interno a través de la inversión, empleo e infraestructura, como una respuesta ante la incertidumbre que han generado las ideas proteccionistas de Donald Trump, sobre nuestro crecimiento económico.
El pasado 23 de febrero, presentamos un proyecto cuyo objetivo no es sólo armonizarlo con lo que será el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia, sino que busca abrir a la opinión pública la discusión sobre un nocivo ecosistema de vicios de la administración pública, que violenta los principios básicos de eficiencia, economía, productividad y competitividad, al cual estamos obligados.
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