Los gobernadores mexicanos asumieron su compromiso en cuanto a la seguridad pública del país, en unos momentos en que se debate en el Senado el polémico proyecto de la Ley de Seguridad Interior.
Mientras la norma, que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, era discutida en las comisiones de la Cámara alta, los mandatarios estatales se concentraron en la reunión 53 de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Allí, el presidente de la Conago y jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, resaltó que cada estado tiene soluciones que aportar para mejorar la seguridad.
Los militares han asumido tareas de seguridad pública durante la última década desde que salieron a las calles en el marco de la guerra contra los cárteles del narcotráfico emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
El proyecto oficialista de Ley de Seguridad Interior, que pretende regular este aspecto, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. No obstante, ha sido muy criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos con el argumento de que perpetúa una estrategia fracasada contra el crimen y propicia abusos de los militares.
Asimismo, sostuvo que otra responsabilidad de los mandatarios estatales es identificar las «áreas de mejora» del nuevo sistema de justicia penal, que privilegia, entre otros aspectos, la presunción de inocencia de los detenidos.
