Un nuevo informe de la ONU que hace referencia a «fuertes elementos» que indican tortura a 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos vuelve a cuestionar la controvertida investigación del caso Ayotzinapa, pese a que el Gobierno defiende que sigue «altos estándares internacionales».
En el reporte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expuso que parte de los procesados sufrieron tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, que han sido encubiertas.
Son datos que, si bien ya habían sido expuestos por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso en México -que documentó torturas a 17 detenidos-, abundan en un delito que el relator de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, llegó a calificar de «generalizado» en el país.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la investigación, atraída por la Procuraduría General de la República sobre la desaparición, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
En 34 casos, «los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura», señala el reporte «Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa».
El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que la Oficina identificó un «modus operandi» que comienza con la detención arbitraria de sospechosos y «demoras significativas» en su presentación formal ante el Ministerio Público, de entre ocho y 27 horas.
Estas demoras se han intentado justificar con explicaciones «no plausibles y no creíbles», como fallas mecánicas de los vehículos policiales o manifestaciones «no existentes».
Los actos de tortura ocurren fundamentalmente «durante las primeras 48 horas de la detención», apuntó el representante.
