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Los ‘matatus’ de Kenia: territorio hostil para las personas con discapacidad

‘Los conductores nos ignoran y las tarifas son demasiado altas para nosotros’, dice habitante de Kenia sobre los matatus

Avanzar por las aceras de Nairobi, agrietadas en el mejor de los casos e inexistentes en el peor, o usar su abarrotado transporte público es un reto para cualquier peatón, pero sobre todo para las personas con discapacidad física.

Aunque no existe un censo reciente de la población con discapacidad en Kenia, según la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) un 10 % del total cumpliría esta condición, es decir, alrededor de 5 millones de personas.

La mayoría -un 26,2 %, según la organización Global Disability Rights Now- sufre limitaciones relacionadas con la movilidad, como Jane Kerubo y su marido, Nicholas Mungai, residentes del barrio periférico de Kayole, en el este de la capital keniana.

«Ni las calles ni los ‘matatus’ (los populares minibuses usados por millones de kenianos cada día) están diseñados para personas con discapacidad», se queja la pareja.

«La mayor parte de las veces, durante las horas punta, los conductores nos ignoran y las tarifas son demasiado altas para nosotros», dice Kerubo sobre los matatus, «así que prefiero volver a casa con mi triciclo».

Esos minibuses, que actúan como transporte público pero pertenecen a operadoras privadas, son casi prohibitivos para personas con una discapacidad física como la de Kerubo y Mungai, ya sea por los escalones de la escalera de entrada, por el estrecho pasillo o por el escaso espacio entre las filas de asientos.

En este sentido, el urbanista keniano Constant Cap señala que «durante muchos años se ha ignorado a las personas con discapacidad, no solo en el transporte, sino en muchos ámbitos».

Para Cap, «se debe dar prioridad a los grupos vulnerables, a través de un diseño de los vehículos que los haga accesibles para las mujeres, las personas ancianas o las que tienen una discapacidad».

De hecho, la Ley de la Discapacidad, promulgada en 2003, afirma que «las personas con discapacidad tienen derecho a un entorno libre de barreras y adaptado a la discapacidad».

La norma especifica también que tanto los edificios públicos como el transporte deberían estar adaptados para permitir la entrada de personas con diversidad funcional.

Pero lo escrito sobre el papel es muy diferente a la realidad del país, donde muchos edificios oficiales ni siquiera cuentan con rampa o ascensor y el Gobierno apenas ha aplicado regulaciones al sector del transporte, al seguir las normas de un sistema de libre mercado.

Flone Initiative propone para mejorar el transporte las personas vulnerables instalar asientos más anchos, incluir avisos por megafonía de las paradas (para personas ciegas, por ejemplo) y colocar mapas de las rutas para que nadie se pierda.

Para ello, negocian con varias cooperativas de «matatus», pero el coste de esas modificaciones es un problema: no reciben ningún apoyo económico de la Administración y los operadores de minibuses piden que, a cambio de la inversión, se les den incentivos fiscales.

El concejal de transporte de Nairobi, Hitan C.Majevdia, asegura que la solución se encuentra en la futura red de autobuses rápidos que la ciudad está impulsando (BRT, según sus siglas en inglés).

En principio, este proyecto será de titularidad pública, precio asequible y adaptado, pero puede tardar años en desarrollarse.

Mientras tanto, la dificultad para desplazarse seguirá empujando a la exclusión económica y social a las personas con diversidad funcional de Kenia, donde el 67 % de ese colectivo vive en la pobreza, por encima del 52 % de la población general.

 

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