La escalada de violencia atenaza a campesinos, defensores de la tierra y activistas en la isla filipina de Negros, donde 16 civiles han sido asesinados desde la semana pasada, mientras el presidente del país, Rodrigo Duterte, amenaza con declarar la ley marcial para frenar las matanzas.
En los tres años de gobierno de Duterte, 87 civiles desarmados, la mayoría campesinos, activistas y abogados, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Negros, región agrícola donde décadas de desigualdad y pobreza engendraron una tensión social latente que se ha recrudecido en forma de violencia.
El último mes ha sido especialmente sangriento en Negros, isla del centro de Filipinas donde se encuentran las mayores plantaciones de caña de azúcar, pero el episodio más cruento ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando 14 campesinos fueron asesinados en una sola noche en el municipio de Canloon.
«El terror sembrado por Oplan Sauron y la presencia continua de fuerzas militares y policiales en las comunidades ha forzado la evacuación de muchos campesinos, lo que les dificulta cultivar la tierra o que sus hijos vayan a la escuela», explicó Angie Ipong, líder regional de la organización agraria Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura.
Sobre estos asesinatos, más de 20 solo en julio, el jefe de la Policía Nacional, Oscar Albayalde, ha justificado que ocurrieron en «legítimas operaciones contra insurgentes» y esta semana ordenó el despliegue de 300 agentes de las fuerzas especiales de élite.
La conflictividad escaló el pasado 18 de julio, cuando cuatro agentes de policía fueron asesinados en una emboscada en Ayugon, cinco días después de un enfrentamiento en esa misma ciudad entre el Ejército y el NEP.
Ante esta ola de violencia, Duterte advirtió, en la noche del jueves, de que va a tomar «medidas drásticas» , horas después de que su portavoz sugiriera la posibilidad de declarar en Negros la ley marcial, medida vigente desde 2017 en la isla de Mindanao.
La chispa de la violencia en Negros se encendió en octubre del año pasado con la masacre a sangre fría de nueve jornaleros vinculados al izquierdista Sindicato Nacional de Trabajadores del Azúcar (SNTA) cuando protestaban para reclamar una reforma agraria y una redistribución más justa de la tierra.
Los asesinatos están incluidos en el recuento de la organización Global Witness, que esta misma semana catalogó Filipinas como «el país más mortífero del mundo para ser activista medioambiental», con 30 asesinados en 2018 y 48 en 2017.
«Es horrible que quienes defienden pacíficamente la tierra y el medio ambiente sean asesinados para que la explotación de la naturaleza continúe en beneficio de unos pocos», lamentó la directora de Greenpeace en Filipinas, Lea Guerrero.
