La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, aseguró este martes que «nadie ha ganado» en el país tras once días de protestas que dejaron al menos seis fallecidos y millonarias pérdidas económicas, que terminaron al derogarse un decreto que eliminó el subsidio a los combustibles.
«Nadie puede pensar que estas jornadas resultan de alguna manera exitosas o beneficiosas, nadie ha ganado», respondió Romo al ser consultada en una rueda de prensa si el jefe de Estado, Lenín Moreno, salió fortalecido de las movilizaciones, que terminaron solo cuando declinó eliminar el subsidio a los combustibles.
La responsable anotó que en las protestas no solo estuvo en riesgo la vida e integridad de los manifestantes y policías de forma directa, sino de quienes no participaron en las protestas, de los pacientes que no pudieron llegar a los hospitales o de gente a la que cortaron el servicio de agua potable, entre otros.
«Hay tantos y tantos ciudadanos en todo el país afectados por estas jornadas que, de ninguna manera, alguien puede hacer una lectura victoriosa desde ningún sector», comentó.
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Los manifestantes cortaron 132 carreteras y caminos principales durante las protestas, en las que se registró un nivel de violencia nunca antes visto en Ecuador, con quema de vehículos, saqueos, agresiones a ciudadanos e, incluso, el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado.
En los disturbios, para los que la Policía usó gran cantidad de gas lacrimógeno, se vio a manifestantes lanzando voladores (cohetes pirotécnicos) a través de morteros artesanales, piedras y palos contra las fuerzas del orden.
«Si podemos rescatar algo de lo que ha sucedido, lo que ha prevalecido es la cordura, la prudencia, la democracia. Aquí está el Estado, las instituciones del Estado funcionando, aquí estamos los ciudadanos tratando de recobrar la paz y tratando de emprender un momento de reconciliación y justicia», anotó.
Parte de esa reconciliación incluye esclarecer la participación de cada sector en los hechos violentos ocurridos, que dejaron al menos seis fallecidos, según el Gobierno, y más de mil 500 personas atendidas en el sistema de salud público.
En rueda de prensa, la ministra comentó que lo ocurrido en semana y media de incidentes por el alza del coste de los combustibles «salió de toda proporción» de lo que se ha conocido en Ecuador, en donde el conflicto escaló «de manera imprevista» en algunas facetas.
«La Policía nunca ha debido enfrentar manifestaciones de este nivel de violencia y agresión. Nunca hemos tenido que custodiar varias instalaciones públicas al mismo tiempo», dijo al enumerar establecimientos policiales, militares, petroleros, escuelas, universidades, la Contraloría, gobernaciones, carreteras.
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Los radicales dañaron 108 automotores policiales y 26 unidades de Policía e, incluso, agredieron 42 ambulancias en jornadas en las que «no se respetó ni las mínimas reglas que en niveles altísimos de conflicto se respetan», afirmó la titular de Gobierno.
«Este es un escenario completamente ajeno a lo que la Policía, las Fuerzas Armadas, el Gobierno nacional o sus sistemas de inteligencia, han tenido que enfrentar antes», subrayó Romo.
Se quejó también de la «guerra de nervios» ocurrida a través de noticias falsas y de rumores difundidos en las redes sociales, que inflamaron el ánimo de los manifestantes.
Romo consideró que aún es prematuro para poder valorar «en su exacta magnitud» lo ocurrido en el país en los últimos días e insistió en la tesis de que en las protestas confluyeron varios conflictos, incluido un intento de desestabilización de la democracia.
En las protestas -dijo- hubo actos tipificados en el código penal como terrorismo, actuación violenta, ataque y resistencia, entre otros.
El lunes, Ecuador retomó la normalidad una vez que el Gobierno y los líderes indígenas movilizados llegaran en la noche del domingo a un acuerdo, que puso fin a los choques y mediante el cual se derogó el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles.
