Cientos de estudiante y personal de las universidades públicas de Costa Rica marcharon este martes hacia la Casa Presidencial para protestar contra un cambio al presupuesto educativo que consideran afectará el funcionamiento de las universidades.
Con pancartas con leyendas como «La U no se calla», «La U se defiende», «Los grandes países invierten en educación», y otras con críticas al presidente del país, Carlos Alvarado, y su ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, los estudiantes se movilizaron de forma pacífica hasta las afueras de la Casa Presidencial.
La marcha fue encabezada por los rectores de las universidades, a quienes un sector amplio de la comunidad estudiantil culpan por la situación presupuestaria tras un acuerdo que firmaron con el Gobierno para destinar en 2020 unos 61 millones de dólares a gastos de capital.
Los manifestantes exigen que no se modifique el Presupuesto Especial de Educación Superior (FEES), que es de unos 900 millones de dólares provenientes del Estado, principal fuente de financiamiento de las estatales Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico (Tec).
La polémica surge a raíz de un acuerdo de julio pasado entre los rectores y el Gobierno para redirigir unos 122 millones de dólares del gasto corriente de las universidades a proyectos de infraestructura, monto que la semana pasada fue bajado a la mitad en la comisión de Congreso que estudia el presupuesto.
Según han dicho los rectores, ellos interpretaron que el dinero provendría de otras fuentes diferentes al FEES, pero en el proyecto de presupuesto estatal que el Gobierno presentó al Congreso, se incluyó la partida como parte del FEES.
La Federación de Estudiantes de la UCR asegura que el traslado de ese dinero afectará los programas de becas, los cupos para estudiantes, la contratación de docentes, proyectos de investigación, iniciativas sociales e inversiones en sedes de zonas rurales.
Las universidades han denunciador que la decisión del Gobierno de redirigir fondos es arbitraria e inconstitucional, pues viola la potestad que tienen las casas de estudio para decidir cómo administran sus recursos.
