Cuarto día del 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), eran las 9 de la mañana del jueves 7 de abril de 2016 y la primera audiencia iba a comenzar. La sede, la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en el 1889 de la Calle F, en el corazón de Washington DC. Los ánimos dentro del Salón Padilha Vidal, donde se realizaría la audiencia estaban, según algunos presentes, “calientes”, pues el tema a tratar era nada más y nada menos que la Situación de los Derechos Humanos en México, la cual –apenas unas semanas atrás en su Informe– la misma CIDH había identificado como “grave”, pues fenómenos violatorios de los derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, limitado acceso a la justicia, entre otros persisten en el país.
En el contexto más cercano también estaba la campaña de descrédito, en las semanas previas a esta audiencia, en contra de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México y del propio Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, al que se le había iniciado, aunque después se descartó, una investigación por el supuesto delito de fraude “en contra de la nación mexicana” en la malversación de recursos que el Estado mexicano otorgó a la CIDH para financiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Finalmente, también estaba la conferencia de prensa del primero de abril, en donde el gobierno daba por cerrado, el caso de Ayotzinapa, probando “su verdad histórica” sobre lo sucedido con los estudiantes, aún cuando eso había significado el rompimiento de los acuerdos pactados con el GIEI.
Así pues, la audiencia comenzaba en un clima tenso dadas las recientes acciones del gobierno mexicano que deslegitiman o desacreditan el trabajo de la CIDH y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El salón estaba acomodado en forma de herradura. Los miembros de la CIDH, presididos por James L. Cavallaro, estaban en una mesa al centro, mientras que los representantes del “ilustre Estado mexicano”, según el lenguaje protocolario de la OEA, estaban del lado izquierdo. A la derecha, estaban “representantes de algunas entidades de la sociedad civil mexicana”, que habían pedido participar, a saber la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, –quien escribe este artículo de opinión–, el Centro Prodh y el Centro Fray Matías de Córdoba. En la parte de atrás, el público de la audiencia.
Durante su intervención, el Estado mexicano hizo un detallado recuento de las políticas o programas dirigidos a promover y proteger los derechos humanos. Sobresalió la visión poco crítica del Estado mexicano para reconocer que todas estas políticas y programas tendrán poca operatividad y eficacia, dados los problemas estructurales que enfrenta nuestro país como la impunidad, la casi nula impartición de justicia,1 la violencia institucional cometida por fuerzas del ejército o policiales, etc. Además, fue evidente su doble discurso en relación a los organismos multilaterales pues, mientras en esta audiencia pública regional, reconoció la pertinencia de muchas de las recomendaciones que la CIDH le hizo en su informe, en el nivel doméstico, ha desestimado el trabajo del GIEI y de la propia CIDH.
Por su parte, durante su exposición, las organizaciones de la sociedad civil mostramos preocupación por el contexto actual de los derechos humanos, en donde muchos defensores y defensoras son atacados y hostigados, y por la postura de descrédito propiciada o tolerada por el gobierno mexicano ante el trabajo de los organismos multilaterales, en particular la CIDH y el GIEI.
Quizá el mayor aporte de la audiencia fue evidenciar que, para resolver la grave crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país, es necesario que, en primer lugar, el Estado mexicano la reconozca, como bien señaló el comisionado Enrique Gil Botero. Y después, que el Estado mexicano tenga el compromiso de atender sus causas más estructurales y reconozca plenamente el aporte que las organizaciones defensoras de derechos humanos, las víctimas y sus familias, y los propios organismos multilaterales como la CIDH pueden tener en este proceso y se les brinde la protección adecuada para ello.
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