:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/VHZB4GJKMVGDPIIHMPCONLATAQ.jpg)
Después de realizar una investigación por las posibles irregularidades en la licitación del programa “A Toda Máquina”, la Contraloría del Estado de Jalisco detectó actos y omisiones en el proceso pero afirmaron que no afecta la validez del contrato para que se realizará el arrendamiento de maquinaria agrícola por más de tres mil 600 millones de pesos.
El órgano de control señaló que hay irregularidades de tres servidores públicos.
El escándalo del programa “A toda máquina” surgió después de conocerse que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, y otros funcionarios estatales, acudieron a un partido de basquetbol en Los Ángeles con un empresario tequilero que posteriormente sería beneficiado en la licitación.
4 las denuncias que fueron presentadas ante la Contraloría exigiendo el esclarecimiento del llamado Maquinagate
Más tarde se dieron a conocer más irregularidades en el proceso de adjudicación. Se documenta que además de conflicto de intereses habría simulación en la licitación. Compitieron cuatro empresas, pero las dos finalistas comparten a la misma representante legal; al respecto, la Ley de Compras Gubernamentales menciona que se descalificarán los participantes si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas participantes. Además, la abogada que representó a las empresas trabajó en las notarías de los familiares de Alfaro.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/3GGBBEFXPBETTP5PEWDY5FU2GU.jpeg)
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/HDDVAW4HFFA7NPAUQ5SJLP57BI.jpeg)
:quality(70):focal(906x617:916x627)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/AOUBLKCJFZGULAFDDPOQHGBHTI.jpeg)
La Contraloría señala en su resolución que dentro del proceso de “A toda máquina” faltó eficiencia administrativa, negligencia y descuido “a los principios elementales que rigen el servicio público poniendo en riesgo la implementación de una política pública que beneficia 121 municipios del Estado de Jalisco”.
La Contraloría determinó la presunta responsabilidad de sólo tres servidores públicos de la Secretaría de Administración, a los cuales se les abre un proceso para determinar cuáles serán las sanciones.