La tarifa social del transporte público debe de quedarse en siete pesos, afirman académicos de la Universidad de Guadalajara después de hacer un balance de gastos y de la inflación. Señalan que no existen los argumentos técnicos y jurídicos para el alza de 9.50 que han impulsado las autoridades a aquellas empresas que migren al modelo ruta empresa.
El doctor Martin Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del CUCEA señaló que el método elegido por las autoridades para definir la tarifa del transporte público, deliberadamente ha sido complicado para confundir a los ciudadanos.
«Esa tarifa debe de ser rechazada porque no se justifica con evidencias de costos e ingresos y suficiente transparencia. El proceso es deliberado para confundir a la sociedad. Hay procedimientos que pueden ser más exactos y deben tener claridad. Que se demuestre con datos de ingresos y costos que siete pesos no dejaba utilidades; eso nos lo tienen que demostrar. No que hay inflación o alza de costos. Claro que los precios suben, pero tú puedes tener utilidades y no nos han demostrado con datos verificables que de verdad no tenían utilidad”, expresó.
Por su parte Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del departamento de Método Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, explicó que con 7.00 una familia de cuatro personas deberá gastar más de tres mil 100 pesos al mes en transporte, pero con el alza a 9.50, la cifra se eleva a cuatro mil 200 pesos.
Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, agregó que como parte de su campaña para que se de marcha atrás al incremento, la próxima semana realizarán auditorias a cada una de las rutas que han migrado al modelo empresarial y en caso de no cumplir con la norma técnica, se exigirá que se les revoque la tarifa de nueve pesos con 50 centavos.
