Jalisco

Con amparos, van contra registro de teléfonos celulares en Jalisco

Jaliscienses buscan recursos judiciales para evitar proporcionar datos biométricos en el registro de teléfonos celulares que aprobó el Congreso de la Unión

Si las personas no hacen el registro de sus teléfonos celulares, las líneas serán suspendidas y se realizará una sanción económica
Si las personas no hacen el registro de sus teléfonos celulares, las líneas serán suspendidas y se realizará una sanción económica FOTO: Héctor Escamilla

En Jalisco también existe oposición a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a la creación de un padrón de teléfonos celulares que deberá ir acompañado de los datos biométricos de los usuarios.

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Esta medida ha generado polémica por la operación de datos sensibles, que afirman, violan derechos humanos a la privacidad y manejo de datos personales, que expertos califican caen en el ámbito de la inconstitucionalidad.

Tras darse a conocer la noticia esta semana de la primera suspensión otorgada dentro de un juicio de amparo en contra de esta medida, en Jalisco ha comenzado a circular y difundirse un machote para que la gente tramite sus respectivos juicios.

Si bien la viralización de este documento ha sido importante, muchas personas desconocen que deben recurrir a un abogado para darle trámite a este juicio de amparo y presentarlo ante el tribunal correspondiente. Se tienen documentados que al menos 10 de estos juicios ya han sido tramitados en la entidad.

La modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En ella se señala que las autoridades tendrán 180 días para presentar la reglamentación y especificar los datos que serán requeridos, pero que podrían ir desde las huellas dactilares, hasta otros biométricos de seguridad, como reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de voz, geometría de la mano, características de comportamiento, entre otras.

La misma reforma da un plazo de dos años para que comiencen a registrarse las líneas adquiridas previa a esta reforma. Las sanciones a quienes no registren su teléfono pueden ir hasta las cuatro mil unidades de medida y actualización (UMAS), montos cercanos a los 350 mil pesos y evidentemente la advertencia que quienes no atiendan el llamado, sus líneas telefónicas serán dadas de baja.

Registro de teléfonos celulares, lo justifican con tema de seguridad

A decir de expertos, debe analizarse si la medida es constitucional:

“Creo que esa es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es constitucional esta reforma?, ¿respeta los derechos humanos de toda la sociedad y de todas las personas esta reforma? Esta es la verdadera pregunta y adelanto mi respuesta, creo que no, yo creo que ni es constitucional ni respeta los derechos humanos. La razón es muy sencilla, invade sin justificación el derecho humano a la privacidad y al manejo de datos personales (…) Los amparos son el camino jurídico indicado para defenderse en lo individual; sin embargo, yo creo que también deberá de valorarse una especie de defensa colectiva para que no sólo se vea beneficiado quien se ampara, sino que realmente podamos llegar a obtener algún pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte”, señaló Salvador Romero , comisionado del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) y experto en el manejo de datos personales.

Mencionó que corresponde a entes como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover estas acciones de inconstitucionalidad.

No hay certeza del manejo adecuado de la información

Salvador Romero también menciona que la reforma en materia de telecomunicaciones se presta a un manoseo de datos personales que puede poner en riesgo la información, porque no será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que recolecte los datos.

“No, no estamos preparados. En primer lugar porque si bien la base de datos la concentraría el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no la recabaría directamente de los usuarios, entonces cualquier dato personal, por entre más manos pase, la posibilidad de riesgo va creciendo exponencialmente”.

Otro aspecto que pone en riesgo los datos es el presupuestal, pues el dictamen aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que no se requerirán partidas presupuestales extraordinarias para el almacenaje y operación de este padrón que será responsabilidad del IFT. El almacenamiento de este tipo de información será monumental, más grande que el padrón electoral, pues hay más teléfonos que votantes. Almacenar no sólo datos personales sino biométricos requerirá una inversión inmensa.

«El hecho de que los mismos diputados crean que esto sale gratis y no lo corrobore, nos hablan del poco estudio que hicieron del tema».

“La ley dice que deberán acatarse todas las medidas de seguridad, previstas en la Ley de Protección de Datos Personales, pero esas medidas de seguridad son carísimas. Entonces dices que por un lado esta reforma no tendrá ningún tipo de impacto presupuestal y por otro lado dices deberá de acatarse las medidas en materia de protección de datos personales. Si tu te vas a la Ley de Datos Personales y ves el capítulo de medidas de seguridad, te vas a dar cuenta que son muy complejas y costosas: implica personal muy capacitado, implica una gran responsabilidad y tecnología de punta que es muy difícil mantener. Son servidores muy caros que debes mantener en condiciones heladas, los debes de tener aislados con aire acondicionado y de preferencia sin acceso exterior, aislados literalmente del internet o de personas que no pertenezcan al área. Es muy costoso y no estamos preparados”, agregó el especialista.

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