La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que durante el año pasado, mujeres internas en el Reclusorio Femenil de Puente Grande, fueron sacadas de estas instalaciones para ser llevadas, en al menos 23 ocasiones, a acompañar a reos de otros centros carcelarios.
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A las mujeres las sacaron en diferentes cantidades, con el argumento que participarían en actividades culturales o de esparcimiento. Se informa que el caso más grave se registró el pasado 24 de marzo de 2020, cuando sustrajeron a 64 mujeres para llevarlas al Reclusorio Preventivo y convivieran con los reos. Al retornar al Reclusorio Femenil, se detectó que al menos 11 de ellas presentaban aliento alcohólico.
Se confirmó además de que dos de las intoxicadas eran pacientes psiquiátricas que consumían medicamentos y no debían salir de las instalaciones carcelarias.
El reporte del organismo destaca que dos custodias que reportaron los hechos fueron víctimas de represalias y no les volvieron a renovar sus contratos; a otras cuatro se les envió a otros centros carcelarios. Se solicita en la recomendación, se indague también esta situación contra las trabajadoras.
No se cumplió con la ley en la salida de los grupos de mujeres
La CEDHJ denunció que las salidas de las internas se realizaban sin llevar a cabo los adecuados procesos. El cuarto visitador, Javier Perlasca, expresó: “Que el traslado por ejemplo debe solicitarle la autorización y notificación al juez de ejecución de pena o al juez de control según sea el caso. Esto no aparece documentado en ningún documento”.
Los representantes de la Comisión hicieron el llamado para que se investiguen estas anomalías que habrían ocurrido en al menos 23 ocasiones. Las autoridades informaron que sólo en una ocasión se detectó el consumo de alcohol.
“Para esta Comisión se acreditó que las autoridades de la Comisaría de Reinserción Femenil y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social incurrieron en irregularidades y omisión institucional. Se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica con el cumplimiento de la función pública. También hubo transgresión a la seguridad personal y al principio de debida custodia”, señaló el titular de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón.
La Comisión señala que se debe indagar la presencia de alcohol en actividades dentro de los reclusorios. “Además del traslado que de por sí es cuestionable la legalidad, lo que si definitivamente resulta irregular e indebido es el ingreso y consuma de bebidas embriagantes dentro de los reclusorios. Eso acentúa el tema de inseguridad y riesgo para las propias personas que trasladaron, así como para el personal de custodia”.
Caso ya se investiga en áreas correspondientes
Tras lo sucedido y la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, llevan a cabo una revisión detallada de lo sucedido.
Además, se informó que tanto la Secretaría de Seguridad, como la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, contarán con un plazo de 10 días hábiles para responder.
«De acuerdo a lo estipulado en dicha recomendación, ambas instancias cuentan con un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de notificación para responder, por lo que una vez concluido el análisis, se le notificará a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco el sentido de la respuesta, a través de los canales conducentes», se detalló.
