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En Estados Unidos, muchos condenados esperan durante años por un giro del destino que los salve de la muerte. Ese no es el caso de Gary Haugen.
Este hombre de 49 años, que está en la cárcel desde los 19 y en el corredor de la muerte desde 2007, quiere que lo ejecuten cuanto antes, incluso a pesar de haber recibido el indulto del gobernador del estado de Oregon, John Kitzhaber.
Hace apenas unos días, el juez Timothy Alexander le dio la razón y dijo que Haugen -culpable de matar a su suegra y a un compañero de prisión- tiene derecho a rechazar el perdón.
Se trata de una decisión judicial que no sólo prueba los límites del poder de Kitzhaber.
Además abre una puerta en el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos: ¿tiene un condenado derecho a decidir, incluso por encima del poder estatal, su propia ejecución?
En el corredor de la muerte
El caso de Haugen es revelador por las posiciones particulares que confluyen: un estado que acepta la pena de muerte pero un gobernador que la rechaza, y un reo que, a diferencia de la mayoría, no quiere que lo perdonen sino que lo castiguen.
El año pasado, Haugen renunció a sus derechos de apelación, que pueden prolongar los casos durante años, y por el contrario pidió ser ejecutado lo antes posible en protesta por un sistema de justicia que considera “cruel”, según declaraciones recogidas por el periódico The Oregonian.
Se estima que, en promedio, un condenado a muerte pasa más de diez años a la espera de su ejecución debido al lento proceso de apelaciones y contra apelaciones que suele caracterizar este tipo de casos en el corredor de la muerte.
Pero los planes de Haugen van en contra de las ideas que tiene Kitzhaber como gobernador: no sólo se opone a la pena capital por considerarla moralmente inaceptable, sino que dijo que no habría ejecuciones durante este gobierno, algo que demostró cuando emitió una orden para prevenir la inyección letal contra Haugen.
Desde que se reinstauró la pena de muerte en ese estado, en 1984, han sido ejecutados dos condenados, ambos durante el primer periodo de Kitzhaber entre 1995 y 2003 y ambos -como Haugen- tras renunciar a sus apelaciones.
Esta es una decisión de la que Kitzhaber dice haberse arrepentido.
Castigo máximo
Lo cierto es que la decisión de Haugen deja entrever que para algunos condenados, la ejecución no es el castigo máximo. Es peor pasar años de incertidumbre en el limbo del corredor de la muerte.
Y, en ese sentido, Haugan no es el único.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), de las 1.304 personas que fueron ejecutadas desde 1976 hasta agosto de 2012, 138 personas renunciaron a sus derechos de apelación y prefirieron que se llevara a cabo la sentencia de muerte.
A estas personas se les conoce en Estados Unidos como “voluntarios”, un término que es el centro de un debate sobre los derechos de los condenados a muerte.
Para algunos, que un condenado pueda decidir sobre su propia muerte es una especie de “suicidio asistido por el Estado”, como le dice a BBC Mundo Michael Radelet, profesor de la Universidad de Colorado y quien lleva 30 años trabajando en casos de pena de muerte.
“No es simplemente la libertad de escoger, es la libertad para obligar a trabajadores estatales a que se involucren en un suicidio”, añade.
David Fidanque, director ejecutivo del capítulo en Oregon de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), no está de acuerdo con la opinión de Radelet.
“El estado no lleva a cabo un suicidio cuando ejecuta a alguien. Realiza un asesinato en nombre de todos los ciudadanos del estado. Es una ejecución, no un suicidio”, le dice a BBC Mundo.
Fidanque agrega que no cree que la última palabra deba estar en manos del condenado, sino del gobernador.
“Haugen debe haber perdido el control sobre cuánto tiempo va a vivir en el momento en que fue condenado por asesinato agravado”, dice.
Autodeterminación
Pero hay algunos que sí creen que el condenado debe poder decidir su final, como describe John H. Blume, director del proyecto académico de pena de muerte en la Universidad estadounidense de Cornell.
Blume escribe que “la mayoría de argumentos que apoyan el derecho de un preso a renunciar a sus apelaciones, adelantando así su muerte, se centran en el derecho del condenado a la autodeterminación y su libertad de escoger si quiere prolongar su vida”.
La decisión del juez en Oregon parece estar más a tono con esta última posición, pues argumenta que el perdón, para ser efectivo, debe ser aceptado por el condenado. En otras palabras, Haugen puede rechazar la clemencia del Kitzhaber.
