España cumple mañana sábado 300 días de tener un gobierno interino, en un periodo en que ha realizado dos elecciones generales que no han permitido la formación de un nuevo ejecutivo y cuyo desenlace aún es incierto.
A casi 10 meses de abrirse esta crisis política, la fragmentación en el voto que ha impedido la formación de mayorías para las principales fuerzas políticas, así como las diferencias y bloqueos entre éstas, son la causa de la prolongada falta de gobierno.
El Congreso de los Diputados suma en este periodo dos votaciones de investidura presidencial fracasadas, la renuncia del líder de la principal formación opositora Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y sigue abierta la posibilidad de unas terceras elecciones.
El 31 de octubre se cumple el plazo que tiene el Congreso de los Diputados para aprobar una investidura presidencial, o de lo contrario al siguiente día se convocará a los nuevos comicios a celebrarse en diciembre próximo.
El 20 de diciembre de 2015 se realizaron los primeros comicios con que concluía el periodo oficial de gobierno iniciado por Mariano Rajoy en 2011, pero el resultado electoral no le permitió que el Parlamento renovara su mandato.
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El siguiente día el ejecutivo de Rajoy entró en funciones, que según la Constitución española es el periodo de interinidad en que ocupa el ejercicio sin facultades plenas en espera de que el Congreso apruebe un nuevo mandato.
El anterior mayor periodo de un gobierno en funciones fue de 62 días en 1996 cuando tras perder las elecciones el socialista Felipe González, el conservador José María Aznar accedió al gobierno con el apoyo de grupos nacionalistas.
En los comicios de diciembre, el oficial Partido Popular (PP) logró 123 escaños, seguido de los 90 del PSOE, 69 de la izquierdista Podemos, 40 de la centroderecha Ciudadanos, y el resto distribuido entre fuerzas nacionalistas, independentistas y de izquierda.
En ese escenario Rajoy rechazó presentarse a debate de investidura, y Sánchez se ofreció al rey de España, Felipe VI, que le propuso para ello, pero en las dos votaciones celebradas en marzo solo logró 131 de los 176 votos (la mitad más uno) del Congreso, requeridos para aprobar el mandato.
La Constitución Española establece que si se rechaza, a partir de la fecha de la primera votación de investidura se abre un plazo de dos meses para lograr un acuerdo que permita la formación de gobierno, o bien cumplido ese tiempo al siguiente día se convoquen elecciones 54 días después.
El 26 de junio pasado se celebraron las segundas elecciones, en las que el PP aumentó su resultado a 137 diputados, mientras el PSOE bajó a 85, la coalición Unidos Podemos (Podemos con Izquierda Unida) obtuvo 71, Ciudadanos bajó a 32, y el resto de fuerzas quedó igual.
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Con ese resultado, Rajoy se sometió entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre a votación de investidura, que fracasó al obtener 170 votos (se quedó a seis de ser aprobado), e incluso en la segunda en que solo se necesita mayoría simple también la perdió.
Las elecciones locales en Galicia y el País Vasco (norte de España) abrieron una crisis para el PSOE, cuyo líder era el principal defensor del rechazo a Rajoy, por lo que su intención de formar un gobierno alternativo recibió la negativa de algunos de sus dirigentes.
En la reunión del Comité Federal socialista del 1 de octubre, una votación adversa obligó a Sánchez a dimitir, y dejó la dirección a una Comisión Gestora encabezada por el presidente de Asturias, Javier Fernández, que ya abrió el debate sobre una abstención a una investidura a favor de Rajoy.
La crisis interna en el PSOE abrió para Rajoy una ventana, lo que se tradujo en el anuncio de la Casa Real de que el rey realizará consultas con líderes políticos los días 24 y 25 de octubre, para saber si convoca a debate de investidura o convoca nuevas elecciones.
Los socialistas podrían convocar a un nuevo Comité Federal, tentativamente antes de las consultas del monarca, y abrir una vía de abstención, que según el discurso de Fernández, más que querer favorecer a Rajoy intenta evitar unas terceras elecciones.
Para ello, los dirigentes socialistas tendrán que generar un nuevo discurso de cara a sus militantes y votantes, y quizá asumir que no todos los diputados estén a favor de la medida y podrían mantener su negativa a Rajoy.
En caso no haber investidura, el 1 de noviembre se firmará el decreto que convoque a las terceras elecciones en un año, a realizarse tentativamente el 18 de diciembre.
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