Ley Anticorrupción tardará hasta 15 años en funcionar

La nueva disposición, que entrará en vigor en todo el país el próximo mes, deberá pasar por procesos y armonizaciones que pueden impedir la erradicación de este problema

Por Jennifer Alcocer Miranda

A un mes de que se cumpla el plazo para que los estados implementen su Sistema Local Anticorrupción, como parte de las disposiciones que marca  el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), expertos en la materia señalan que, por su complejidad, llevará hasta 15 años aplicar esta normativa de manera general.

Esto debido a que en las 32 entidades se debe establecer un Sistema Local Anticorrupción (SLA), Comités Coordinadores y de Participación Ciudadana, así como redefinir las atribuciones y facultades del Órgano de Fiscalización Superior de los Estados, desde el nivel constitucional, fortaleciendo sus atribuciones fiscalizadoras y garantizando su autonomía técnica y de gestión.

También se deben otorgar facultades al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General y a los Órganos Internos de Control para conocer, investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves.

Adicionalmente, sancionar las faltas no graves e introducir las modificaciones relevantes en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Además de hacer obligatoria la presentación de la declaración de intereses, patrimonial y fiscal (3 de 3) para todos los servidores públicos y definir el régimen de la Procuraduría de Justicia del Estado, inclinándose por una autonomía real del Ejecutivo.

Así como crear una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, y para los Estados que no cuentan con un Tribunal de Justicia Administrativa, establecer la creación de éste órgano jurisdiccional y hacerlo responsable de la sanción de las faltas administrativas graves. 

Issa Luna, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisó que la importancia del procedimiento es que se pueda implementar a nivel estatal, federal y municipal la estrategia institucional para combatir la corrupción, un hecho que no tiene precedentes en nuestro país.

Al respecto, el doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que hay una voluntad política, pero no hay poderes locales que hagan contrapeso, por lo que el proceso tomará un plazo de 5 a 10 años para poder implementarse al 100%.

“No vamos a ver resultados a corto plazo, yo creo que en 5 años como mediano plazo o a largo, hablando de 10 o 15 años para poder tener una implementación total del sistema por el andamiaje jurídico que lleva”, manifestó.

Eduardo Bohorquez, director general de Transparencia Mexicana aseguró que es importante cumplir los plazos legales en esta materia para permitir que el SNA se implemente a nivel nacional.

En entrevista con Publimetro, precisó que existen tres temas que deben de revisarse en la armonización de las leyes anticorrupción en los estados. La primera de ellas es que se ajuste el marco constitucional de las entidades a lo que ya dispone el marco constitucional para todo el país.

La segunda, dijo, que se ajuste la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción en los estados y que cuando se dé esa armonización no vaya en sentido contrario a lo que marca la Ley General del SNA.

Y por último, que se deroguen las leyes locales de responsabilidades existentes y que se utilice de manera supletoria la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El avance en la CDMX

Ivan Texta, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México aseguró que existe un trabajo legislativo amplio en el tema y que la próxima semana podría ser discutido y aprobado el proyecto.

En el caso de la CDMX se deben crear cinco nuevas leyes: la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Justicia Administrativa, la Ley de Responsabilidades Administrativas y  la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública.

Así como la armonización o reforma de cuatro leyes vigentes: la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa y las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización Superior y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

El seguimiento

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desarrollaron el Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, con el que han dando seguimiento a los avances de los estados.

La próxima semana se actualizará el Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción.

Se debe crear el Tribunal de Administración Especializada, que tendrá magistrados que persigan y juzguen los casos de corrupción.

El nombramiento de la nueva figura anticorrupción a nivel federal –Fiscal Anticorrupción–, se definirá en el Senado de la República.

Los estados en el semáforo

Reforma constitucional satisfactoria

Nuevo León

Yucatán

Aguascalientes

Sonora

Baja California Sur

Chiapas

Querétaro

Nayarit

Puebla

San Luis Potosi

Reforma constitucional regular

CDMX

Edomex

Zacatecas

Colima

Durango

Guanajuato

Michoacán

Sinaloa

Zacatecas

Inciativa de Reforma Constitucional Satisfactoria

Guerrero

Hidalgo

Tamaulipas

Tlaxcala

Iniciativa constitucional regular

Oaxaca

Quintana Roo

Iniciativa constitucional deficiente

Jalisco

Morelos

Veracruz

Sin reforma constitucional

Campeche

Chihuahua

Coahuila

Tabasco

Bullets

– La próxima semana se actualizará el Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción

– Se debe crear el Tribunal de Administración Especializada que van a tener magistrados que persigan y juzguen los casos de corrupción

– Los nombramientos de las nuevas figuras anticorrupción a nivel federal –Fiscal Anticorrupción–, se definirán en el Senado de la República.

ANÁLISIS

Isaa Luna,investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

¿Cuál es la importancia de esta implementación?

—La urgencia que tenemos en la mesa es la entrada en vigor de varias de estas leyes, en particular, los nombramientos que se tienen que dar para que el sistema esté encabezado y que esté instalado durante este año.

¿Qué debe ser prioridad o en qué vamos lento?

—Urge nombrar al Fiscal Anticorrupción, los nombramientos de los fiscales y de los sistemas estatales y aquí el gran desafío es la dificultad de lograr procesos de Gobierno Abierto y de decisión abierta para que lleguen a estos cargos personas que tengan carrera meritoria, destacada, que sean de la confianza de la sociedad, porque tenemos a estos personajes encabezando un sistema tan complicado e importante para México y todo se echaría para abajo al final. Entonces, digamos que las fechas apremiantes son esta implementación y los nombramientos en los estados.

¿Cómo ves el tema de los perfiles para el Fiscal Anticorrupción?

—Me parece que tenemos dentro de la lista de las personas inscritas, perfiles ideales y que podrían hacer un buen trabajo, me parece que tenemos con esta lista posibilidades de que el Senado tome una decisión. Ya se ha hecho una evaluación por parte del grupo de académicos que acompañó el proceso de selección y esperemos que se tome en cuenta para la elección.

¿Cómo ves el avance en las entidades federativas?

—Hemos documentado que existen siete u ocho estados en donde no se han completado los procesos de reforma, otros estados han avanzando de una manera más sistemática y ya tienen más normas y aprobadas por sus congresos. Estamos también tratando de monitorear las iniciativas, pero nada de esto va a funcionar si no viene con el acompañamiento de una política nacional y con una llamada de atención a todos los estados para que puedan darle marcha y tomar en serio esta reforma.

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