Jorge Lopez Martín, diputado por el PAN y representante ante el Instituto Electoral de Coahuila.
¿Cómo ha sido este casi mes y medio de proceso?
– Ha sido un proceso complicado, que ha llevado un tiempo de profundo desgaste para la credibilidad de las instituciones y al Partido Acción Nacional le parece importante que esto se resuelva como mandata la Ley y eso es bajo los principios de certeza, legalidad, justicia y equidad. Lo que ocurrió ayer (el pasado viernes), fue que estos principios se pusieron en riesgo porque la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que no es otra cosa más que los ojos del INE en materia de fiscalización, y la cual se mostró opaca, ha sido contaminada por el PRI, por una cuestión que es muy grave.
Su titular Eduardo Garza tiene vínculos muy sólidos con el PRI, incluso una de sus hijas ya fue diputada por ese partido, hasta hace unas semanas estaba en la Conagua con la particularidad de que es quien decide a quién se le compra y a quién no, es la que firma los fallos de las licitaciones y esto evidentemente revela un serio conflicto de intereses, ahí están los Diarios Oficiales de la Federación (DOF) que así lo consignan y esto ha sido un buen elemento que ha surgido en virtud de que esta unidad no ha procesado ni ha revisado las quejas ni obligaciones de fiscalización que tiene para garantizar que no haya habido rebase de topes de campaña en los cuatro estados que hemos señalado.
¿Cuál es el escenario que están previendo?
–Estamos viendo que podría ser el mismo que ayer (el pasado viernes), nos enfrentamos a dictámenes que no estaban apegados a la Ley, en la discusión pudimos enderezarlos y exigirles a los consejeros que se hicieran conforme a derecho y concretamente lo que obtuvimos como partido Acción Nacional fueron dos cuestiones. La primera, que se le fincó una multa a Miguel Riquelme, candidato del PRI a la Gubernatura de Coahuila por casi un millón de pesos por utilizar monederos en la campaña política y la segunda, es que se abrió un nuevo proceso para revisar una factura que pagó el gobierno del Estado de Coahuila a favor de Riquelme por cuestiones que tienen que ver con medios de comunicación alternativos, es decir, medios en Internet.
Concretamente Rubén Moreira le pagó las redes sociales a Riquelme y esto evidentemente va en contra del artículo 134 de la Constitución, que habla de la intervención directa de parte del gobierno del Estado en favor de un partido, en este caso del PRI. Esto quedó acreditado y fue votado por unanimidad por los consejeros, por lo tanto el escenario que nosotros estamos visualizando es que se consolide la anulación de la elección por los distintos abusos y violaciones a la Ley en el pasado proceso electoral .
Si se repitiera la elección, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía para confíe y salga nuevamente a elegir?
– Primero que nada a nosotros nos parece que sería conveniente, primeramente, hacerle un llamado a las autoridades, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a que observe que su conducta en estos días y que la determinación que lleve a cabo será determinante para la reacción de los ciudadanos. El llamado a los ciudadanos es a que participen, a que exijan a través de la opinión pública, de las redes sociales y medios de comunicación que la democracia en nuestro país no sea vulnerada.
Hoy el PRI tiene amenazada a la democracia y hacer esto no es otra cosa que hacer de lado la decisión de los ciudadanos, por esto a nosotros nos parece que vamos a transitar hacia una aduana histórica donde el INE tiene un gran reto y una gran misión, ambos tiene que ver con salvaguardar la credibilidad de las instituciones electorales y eso lo vamos a ver en los próximos días. Lo que resuelva el INE resolverá el futuro y la participación de los ciudadanos en nuestro país.
¿Cuales son las irregularidades que han detectado en el mes y medio de proceso?
– Hay un dato que ayer (viernes) salió y es que 300 millones de pesos le cuesta a los mexicanos el fiscalizar las campañas electorales y hoy la Unidad Técnica de Fiscalización no ha movido un sólo dedo para garantizar que las campañas electorales no rebasaran los topes de campaña y en segundo lugar, garantizar que no existan plagas de dinero sucio del narcotráfico, del gobierno o del crimen organizado. Aunado a esto no ha actuado como debería. Yo estimo que estas omisiones le cuestan demasiado dinero a los mexicanos y es un elemento más para decirle a la autoridad electoral que debe de decidir con base a lo que le convenga a la sociedad y no a lo que le exija o implore un partido político. (Ejemplo de ello es) la larga semana en la que estuvo el presidente Enrique Ochoa en las instalaciones del Instituto Electoral literalmente tratando de hacerle “manita de puerco” a quienes deben de arbitrar un proceso electoral que fue sucio, complicado y absolutamente dañino para la democracia de nuestro país.
¿Cuántas denuncias por irregularidades presentaron?
– Tenemos más de 18 denuncias, además más de cinco cajas con testimonios, pruebas técnicas y elementos que sustentan la intervención de los gobiernos del PRI en favor de sus candidatos, del gobierno federal y municipal, y por un lado la intervención económica y en segundo lugar, los tentáculos del PRI contaminando los órganos electorales. El primer caso es de Eduardo Gurza, enquistado en el Instituto Electoral y lo segundo es que no se revise con lupa los recursos de las campañas electorales.
¿Confían en que este nuevo escenario podría beneficiar a su candidato?
– Sin lugar a dudas, no por el hecho de hablar de algún beneficio a un partido político sino porque hay un hartazgo de parte de los coahuilenses en virtud de que la familia Moreira ha suplantado la democracia electoral de nuestro país por una autentica monarquía que le ha costado mucho dinero a Coahuila, pero, sobre todo, que amenaza a la democracia y a la participación de los habitantes en la toma de decisiones en su estado.
¿Qué otra cosa exigen?
A Enrique Ochoa, presidente del PRI a que se abstenga de intervenir en los órganos electorales, que permita que sean las leyes las que definan las elecciones y a que no pervierta ni desvirtúe la independencia de los órganos electorales.
