Fracasa castigo a funcionarios públicos

En más de 10 años, los servidores públicos que cometieron faltas administrativas no fueron castigados conforme a la ley; especialistas señalan que con ello se incentiva la comisión de dichos delitos

Por Oscar Santillán
La malversación de fondos públicos es el delito que más se consignó ante un juez con mil 269 averiguaciones. Foto: Dreamstime.
Fracasa castigo a funcionarios públicos

El castigo a los funcionarios que violaron la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos falló doblemente.

Y es que en primer instancia, de los 3 mil 965 millones de pesos (mdp) derivados de las multas impuestas –del 1 de enero de 2006 al 31 de julio de 2017– por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo ha recaudado el 5%, es decir, ha recuperado 228 millones 140 mil pesos en 11 años, de acuerdo con información obtenida por Publimetro vía la Ley de Transparencia.

Además, en 10 años, apenas el 12% de las investigaciones por delitos cometidos por servidores públicos llegaron ante un juez, según costa en una respuesta a una solicitud elaborada por esta casa editorial.

Esto, a ojos de especialistas en el tema, constituye un factor que contribuye a la impunidad en materia de faltas administrativas y a su vez se traduce en motor para que los actos de corrupción, donde se involucran funcionarios, sigan cometiéndose.

En 11 años, SAT recupera sólo 5% de multas

La recaudación de las sanciones económicas impuestas a servidores públicos arrastra un atraso histórico.

Esto porque en más de 11 años, de los 3 mil 965 millones de pesos (mdp) derivados de las multas impuestas por la SFP en 11 años, el SAT sólo ha recaudado el 5%.

Para Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el bajo porcentaje en el cobro de las multas genera incentivos para que los funcionarios cometan faltas administrativas.

Por ello, dijo en entrevista, de nada sirve la imposición de multas, por más elevadas que sean, si finalmente no son cobradas efectivamente a los infractores de la ley.

Carrasco señaló que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas –que entró en vigor el pasado 19 de julio–, y que derogó a la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos servirá para que la ciudadanía se involucre en el tema y se imponga ante los servidores públicos corruptos.

“La nueva ley (…) genera un gran avance en el combate a la corrupción por tres razones: primero, se involucra directamente al ciudadano y se le dan los incentivos jurídicos suficientes para denunciar cualquier falta administrativa de servidores públicos, es decir, en este nuevo marco legal se le da mucho mayor participación a la ciudadanía que antes. Segundo, se establecen por primera vez sanciones a los particulares por actos relacionados con faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos”.

“Y tercero, se establece un procedimiento biinstancial en tratándose de la comisión de faltas administrativas graves la investigación se llevará ante un órgano interno de control, o directamente ante la SFP en ciertos casos, y un órgano completamente autónomo del Poder Ejecutivo, es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encargará de imponer las sanciones correspondientes previo trámite de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio”, comentó.

Publimetro solicitó una entrevista con el SAT, pero hasta la publicación de este trabajo periodístico ésta no se ha realizado.

Baja consignación ante un juez

En 10 años, sólo el 12% de las investigaciones por delitos cometidos por servidores públicos llegaron ante un juez, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha consignado 3 mil 884 averiguaciones previas determinadas de un total de 31 mil 502 que corresponden del 2006 a abril de 2017, de acuerdo con información obtenida por Publimetro vía transparencia.

Lo cual refiere la baja operatividad de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que depende de la PGR.

Las consignaciones

La malversación de fondos públicos es el delito que más se consignó ante un juez con mil 269 averiguaciones; le sigue el ejercicio indebido del servicio público con mil 207 y en tercer lugar se ubica el abuso de autoridad con 771.

En cuarto sitio, el soborno con 421 y en quinto lugar el uso indebido de atribuciones y facultades con 145 averiguaciones consignadas.

En tanto, se consignaron 45 por el delito de enriquecimiento ilícito; 27 por el ejercicio abusivo de funciones y 10 por coalición a servidores públicos.

Urge Fiscalía Anticorrupción

José Fernández de Cevallos, doctor en Derecho, argumentó en entrevista con Publimetro que el bajo número de consignaciones que ha logrado la PGR  refiere la necesidad de que se constituya la Fiscalía Anticorrupción y de que se nombre a un fiscal que persiga, efectivamente, los delitos que cometen los servidores públicos.

“Hay que tomar en cuenta una cosa, no porque se presenta una denuncia quiere decir que se tiene que llegar a juicio o que se tenga que condenar a alguien, todo es materia de prueba, todo lo tendrá que acreditar la autoridad ante un juez y el juez será quien determine, pero no es creíble que Transparencia Internacional, a través del Índice Global de Percepción a la Corrupción, nos coloque como uno de los países más corruptos”.

“No es creíble que diariamente salgan a la luz pública escándalos gravísimos de corrupción y que sólo se ha podido consignar el 10%. Eso nos habla de una falta de capacidad operativa (de la unidad dependiente de la PGR) y precisamente esto tiene como origen la falta de un fiscal y de una fiscalía”, apuntó.

Consignación no es igual a condena

Carlos de la Rosa, investigador del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) resaltó que la consignación no implica una sentencia condenatoria, por lo que, dijo, es muy probable que el número de sentencias sea menor a las 3 mil 884 averiguaciones consignadas.

“Antes el indicador de éxito de las procuradurías era que prácticamente todas las denuncias terminaran en sentencia, pero ahora con el nuevo sistema penal esto cambia. Lo que sí se tendría que analizar es que estas consignaciones terminen en sentencia condenatoria porque se supone que si la Procuraduría decidió consignar, es porque ya tiene suficientes elementos para estar seguro de que la persona que va a acusar realmente cometió el delito; esa es la nueva lógica del nuevo sistema penal acusatorio”, puntualizó.

Sin competencia para investigar

De las 31 mil 502 averiguaciones previas determinadas, 9 mil 666 fueron calificadas como incompetencias, es decir, la PGR no tiene competencia para investigar el delito ya que están fuera de su ámbito y 8 mil 647 fueron enviadas a reserva, esto es, no se pudo determinar si hubo delito.

Mientras que en 7 mil 573 averiguaciones se decidió el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) y mil 732  fueron acumuladas.

 

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