Por cinco años la Procuraduría General de la República (PGR) reservó los contratos de compra de camionetas blindadas para altos directivos de la dependencia federal.
Esto por vulnerar o afectar las estrategias de combate a la delincuencia organizada, cárteles de la droga, incluso, porque pondría en riesgo la vida de los mismos criminales y los agentes federales que circulan en dichas unidades.
Publimetro solicitó vía transparencia el costo total y copia de los contratos que estableció la PGR para la adquisición de un lote de unidades blindadas durante 2014, 2015, 2016 y 2017; sin embargo, la dependencia clasificó la información como confidencial por 48 meses.
“Dar a conocer cualquier tipo de información concerniente a los vehículos públicos adscritos a la Agencia, los haría blancos identificables para los miembros de la delincuencia organizada y por ende se pondría en riesgo su vida, así como la de sus familiares”, refirió el documento.
Blindaje antinarco
De acuerdo con Mauricio Garibaldi, director de la empresa Blindajes Alemanes, se manejan tres niveles de seguridad de uso comercial.
En entrevista con esta casa editorial, el directivo detalló que el tipo de autos que más se blindan son las camionetas de la categoría SUV, debido a que la misma estructura del vehículo permite modos de escape más fáciles.
Del total de los autos de este tipo que circulan en la Ciudad de México, 40% son de categoría 4 y 5 para proteger a funcionarios de alto nivel, es decir, resisten ataques de armas como la AK-47 y proyectiles de alto impacto como la bala M193.
El 60% restante que contratan este tipo de unidades de seguridad privada, corresponde a particulares, empresas o personas físicas que consideran estar en riesgo por sus actividades cotidianas como lo es el traslado de fuertes cantidades de dinero.
“El nivel 3 es utilizado contra un asalto urbano, resisten impactos de hasta una magnum 44, la más agresiva que existe, en un nivel 4 es para clientes que necesitan protección cuando salen a carretera y visitan estados considerados como focos rojos”, detalló Garibaldi.
Guaruras de lujo
Para complementar el servicio de seguridad, funcionarios y empresarios contratan de uno hasta cinco escoltas durante sus traslados.
Dicho personal de seguridad privada puede llegar a ganar hasta 70 mil pesos, de acuerdo con la experiencia que cuente, aunque carecen de prestaciones de ley.
Según el proveedor, los escoltas podrán portar armas que proporciona la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un permiso y pagar una cuota económica anual.
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), hasta 2016, tenía un registro de 737 empresas de seguridad privada, de las cuales, cerca de 50 brindan el servicio de seguridad y protección personal comúnmente conocido como escoltas.
Dato:
2 mil 500
vehículos en el país se blindan anualmente, según la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).
