La defensa de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se investiguen presuntas filtraciones ilegales por parte de algún funcionario judicial a la prensa.
Lo anterior después de que circulara en redes sociales y diversos portales noticiosos la resolución en la que se absolvió a la maestra del delito de lavado de dinero y fue puesta en libertad.
El abogado Marco Antonio del Toro indicó que también se hizo público que la defensa solicitó la cancelación de la ficha signalética y otras cuestiones inherentes a la terminación definitiva de un proceso, «lo anterior también se erige en una filtración que riñe con el marco legal».
Asimismo informó que se interpuso un juicio de amparo para evitar que a su cliente se le interpongan nuevos cargos en su contra, medida que, dijo, es preventiva y, sin embargo, también fue filtrada a la prensa.
«Llama la atención que el mismo haya sido difundido el día de hoy a pesar de que el Juzgado de Amparo ordenó la reserva de datos. Incluso se publicó parte del acuerdo dictado por la juzgadora de amparo, lo que implica que debe haber surgido de una autoridad que viola lo ordenado», condenó.
El amparo
El amparo se formó después que presuntamente un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte librara una nueva orden de aprehensión en contra de Gordillo.
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Esta orden de aprehensión sería distinta a la que fue girada a la ex lideresa en 2013 en la cual se le acusaba por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.
Por su parte, el titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México pidió a la defensa de Gordillo realizar una narración sobre todos los acontecimientos relacionados con el caso.
«Realice una narración clara y precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que antecedieron a los actos reclamados, que atribuye a las autoridades responsables que indica en su demanda, incluyendo los que influyan en la improcedencia de este juicio, pues los narrados en el escrito inicial de demanda resultan insuficientes e imprecisos respecto a esos actos”, indica el documento.
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De esta forma, Elba Esther tiene cinco días para realizar la declaración pertinente a la demanda.
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