Para Doria Vélez, directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, el nuevo Gobierno Federal debe dejar de ver el problema de la despenalización de las drogas como algo muy superficial, pues hasta el momento así ha sido, ya que no se han planteado cómo sería esta regulación o qué drogas serían las que sean lícitas.
De igual forma -dijo- se debe dejar de pensar y decir que una posible despenalización terminaría con el problema de inseguridad y violencia que vive el país.
“Es necesario considerar que no es a través de la despenalización de las drogas o se regulación vamos a salir de este problema de inseguridad, si bien sí va a ayudar, hay que reconocer que en el caso de México, la crisis de inseguridad responde a distintos factores como robo de hidrocarburos y otros delitos que están relacionados con la evolución de los cárteles delincuenciales”, expuso en entrevista con Publimetro.
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Doria Vélez recordó que algunos países han intentado regular la marihuana, por ejemplo, pero no han tenido el éxito que desean porque se trata como algo superficial y no se toman en cuenta todos los componentes de la planta.
En este sentido, indicó que no todas las drogas se pueden regular, y puso el ejemplo del Fentalino, droga más peligrosa que la heroína, la cual trae graves problemas a la salud. Por último, subrayó que si se quiere regular, se deben fortalecer los sistemas de salud pública.
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Regulación responsable
A su vez, México Unido Contra la Delincuencia propuso al próximo Gobierno Federal una regulación responsable, pues esto significaría quitarle el mercado de las drogas a los criminales para ponerla en manos del Estado, a través de doctores, científicos y vendedores con licencia.
Asimismo, refirieron que se deben regular las drogas no porque sean seguras, sino porque son potencialmente peligrosas cuando son vendidas por cárteles o vendedores sin regulación.
De igual forma, la organización señaló que la regulación legal produciría muchos beneficios entre los que destaca salvar vidas y proteger la salud, reducir el crimen y la violencia, proteger a la niñez, ahorrar dinero, mejorar la seguridad y el desarrollo y proteger los derechos humanos, pues la regulación terminaría con la criminalización de las personas que usan droga y las consecuencias racistas de la aplicación de leyes prohibicionistas.
