A la basura 2.2 mmdp por convertir el Paso Exprés en bulevar

El gobierno de Morelos decidió derriba las barreras de contención de esta polémica obra del sexenio de Peña Nieto

Por Miguel Ángel Bravo

Este martes comenzaron los trabajos para retirar las barreras de contención del Paso Exprés de Cuernavaca con lo cual se perderán los 2 mil 213 millones de pesos de su construcción.

El Paso Exprés de Cuernavaca operaba con 10 carriles en sus 14.5 kilómetros cruzando la capital de Morelos de norte a sur.

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La obra fue inaugurada el 5 de abril de 2017 y su costo fue mil 9000 millones de pesos (50%) más de lo previsto al inicio de su construcción por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La empresas Grupo Aldesa, Aldesem, Epccor,  Pinfra y GBM fueron las encargadas de la construcción y tendría que haber sido terminada en dos años, situación que no sucedió, en total fueron 3 años y un mes.

Durante el desarrollo de la obra se registraron más de 80 accidentes viales dejando como saldo 21 muertos.

Socavón

Tres meses después de la inauguración por parte el presidente Enrique Peña Nieto; el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en julio de 2017, las lluvias provocaron un socavón que cobró la vida de Juan Mena Romero de 59 años y José Mena López de 33 años.

Los hechos sucedieron la madrugada del 12 de julio de 2017 cuando el suelo por el que pasaba el auto donde viajaban se reblandeció y cayeron a un profundidad de cinco metros, estuvieron atrapados nueve horas bajo un alud de piedras y tierra.

La muerte de estos dos hombres destapó toda la corrupción y mal construcción del Paso Exprés pues fue debido a una coladera que no se cambió y provocó una filtración la que creó el socavón.

De igual forma se abrió una investigación hacia Protección Civil del estado de Morelos ante la no atención de este incidente. La autopsia reveló que los pasajeros murieron no por el impacto sino de asfixia ante la tardanza de su rescate.

115 millones de pesos fueron pagados a tres empresas para revisar la calidad de la obra y se volvió a reparar la obra para cambiar el paso de agua o coladera, que ya había sido denunciada previamente por vecinos.

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La Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajeron el caso dejando como salgo al menos 13 funcionarios inhabilitados por no seguir las recomendaciones de la construcción; sin embargo, ninguno piso la cárcel.

El caso fue cerrado a pesar  de las recomendaciones de las dependencias anteriores y tras hundirse otras tres veces más.

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