El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el recorte de 950 millones de pesos que la Cámara de Diputados realizó a su presupuesto de este año.
Al argumentar que la reducción viola la autonomía e independencia del instituto, además de que pone en riesgo las funciones sustantivas del INE y el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, pues pone en riesgo sus atribuciones constitucionales.
Esto, debido a que debe organizar los procesos electorales previstos para este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.
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Además de que se complica la expedición de millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las candidaturas y monitoreo de las transmisiones de radio y televisión.
«En noviembre pasado, el Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 más bajo de su historia, manteniendo así su política de austeridad y sensibilidad social, pero cuidando que los recursos solicitados fueran los necesarios y suficientes para el cabal cumplimiento de todas sus atribuciones, a fin de lograr la función esencial que la Constitución le confiere», precisó a través de un comunicado.
Destaca también que la disminución adicional de recursos a la autoridad electoral por parte de la Cámara de Diputados ocurre en un contexto de aumento del gasto público: en términos nominales el Presupuesto de Egresos aumentó en 2019 en 10.6% respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6%.
«El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal», precisó.
De igual forma, en la controversia constitucional se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
