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La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que se están llevando a cabo investigaciones por presunto conflicto de interés en contra del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.
«Hay dos puntos centrales, él mismo, el licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer, ha reconocido un posible conflicto de interés en un comunicado, en donde señala que el hermano de su cónyuge, el ciudadano Mario Barreiro Castellanos, labora desde el mes de abril de 2015 en Vestas, empresa danesa que se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnológica eólica para generar electricidad», explicó.
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En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la secretaria agregó que esa empresa no se encuentra regulada por la CRE, razón por la que él aduce que no existe propiamente conflicto de interés.
Asimismo, Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en cuarto grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la CRE, denominada Fermaca, misma que obtuvo su último permiso, dice el presidente de la CRE, por parte de esa comisión el 10 de marzo de 2016.
«Él señala que precisamente por ello no hay conflicto de interés, sin embargo, nosotros hemos observado que en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas», puntualizó.
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Sandoval detalló que se ha realizado una revisión exhaustiva de las declaraciones de intereses presentadas por el licenciado García Alcocer y, en ella, también se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, misma que él ha reconocido como vinculada a su familia.
Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Finaciera, puntualizó que el presidente es representante legal de tres empresas dedicadas a la perforación de pozos de petróleo y gas.
«Se dedican a la perforación de pozos petroleros y de gas, y resulta interesante que, en febrero de 2014, a diciembre de 2018 hayan hecho transferencias internacionales por 47 millones de pesos, y 148 millones de dólares», ahondó.
Añadió que una de las dos empresas presenta bajos reportes al Servicio de Administración Tributaria, lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal, por lo que presentará la vista correspondiente ante la Procuraduría Fiscal de la Federación para que determine lo que a conforme a derecho corresponde.
