Exigen ante la OEA frenar criminalización contra comerciantes ambulantes

La activista Diana Sánchez Barrios solicitó ante la Asamblea General de la OEA, cinco acciones para conocer la realidad del comercio popular en el espacio público en la región latinoamericana.

Por Daniel Flores

La fundadora de Prodiana AC, Diana Sánchez Barrios, presentó ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, cinco recomendaciones para establecer un diagnóstico sobre el comercio popular en el espacio público en todo el hemisferio, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes populares.

En voz de la coalición “Economía Inclusiva con Justicia Social” -integrada por asociaciones de los países Guatemala, Perú, Venezuela y México- la defensora mexicana de los derechos humanos planteó: 

  • La firma de un convenio con la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); para que se realice un diagnóstico en el hemisferio sobre la precariedad y violencia hacia los trabajadores por cuenta propia y que se auto emplean en el espacio público.
  • Que un ombudsperson de la economía informal vigile en cada país que, los gobiernos implementen políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos y se deroguen las leyes, reglamentos y determinaciones que criminalicen al comercio popular en el espacio público.* 
  • Que se reconozca legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se auto emplean en el sector informal. En particular, a quienes desarrollan sus actividades en el espacio público y que aportan a la comunidad.
  • Avanzar en la creación de un instrumento legal que reconozca y garantice los derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta propia y de las personas que se auto emplean en el espacio público, reconociendo el trabajo no asalariado y regulando sus actividades que los encamine a la formalización
  • Se diseñe un programa en materia fiscal y de pagos de impuestos dirigido a las y los trabajadores informales en el espacio público, acorde con los ingresos que reciben.
OEA Foto: cortesía

De ser aprobadas, las recomendaciones serán de carácter vinculante para todos los estados miembros. Sánchez Barrios, sostuvo que es impostergable la eliminación de políticas que criminalizan al sector que, en México, tan solo durante el primer trimestre del 2019, aportó el 30% del Producto Interno Bruto del país.

“Como sabemos la tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe llega al 47.7%, lo que indica que hay cerca de 140 millones de trabajadores en esas condiciones en la región, recordemos que ser informal es no estar cubiertos por leyes laborales, ni tampoco contar con seguridad social”, destacó.

La reunión de carácter internacional con sede en la ciudad de Medellín, en Colombia, durará hasta el próximo 28 de junio.

Este foro regional congrega a las representaciones de los países latinoamericanos que comparten similitudes en su nivel de desarrollo, problemas sociales y laborales, así como de Estados Unidos y Canadá, por lo que se trata de un espacio donde a través del diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos, se puede trazar una hoja de ruta para que los gobiernos -como es el caso de México- dimensionen el fenómeno social desde una perspectiva más amplia y basada en derechos humanos.

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