Condena CNDH allanamiento al domicilio de Lydia Cacho

El organismo pidió agotar las líneas de investigación por el allanamiento de la casa de la periodista y el robo de información delicada

Por Jennifer Alcocer Miranda

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades de procuración de Quintana Roo agotar las líneas de investigación por el allanamiento de la casa de la periodista Lydia Cacho.

Además, recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso del derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición.

Lo anterior, con especial énfasis en la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de los derechos humanos, al tiempo que se solidariza con quienes ejercen el periodismo y se dedican a la defensa de los derechos fundamentales en ese estado.

A través de un comunicado, el organismo aseguró que se trata de un hecho altamente preocupante, ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo y material periodístico, fueron destruidas diversas pertenencias, además de que mataron a una de sus mascotas.

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Además, hizo un recuento de la violación de derechos de la que ha sido víctima Cacho, quien en 2005 fue detenida en Quintana Roo y trasladada al estado de Puebla acusada del delito de calumnia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.

"La CNDH puntualiza que la violencia contra periodistas ha obligado cada vez con mayor frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias, como lo demuestra el hecho de que al menos diez de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones para su retorno o para su integración plena en un nuevo lugar de residencia", señaló.

 

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