México, el sexto país más letal para defensores del medio ambiente

Julián Carrillo, opositor de las concesiones mineras en el estado de Chihuahua fue asesinado en octubre de 2018, luego de recibir numerosas amenazas de muerte y haber sobrevivido al asesinato de cinco familiares y el incendio de su casa y es una de las 14 víctimas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas en México durante 2018.

Así lo señala el informe “¿Enemigos del Estado?” de la organización Global Witness que indica que durante el año pasado la lucha por proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto cada vez más peligrosa en México, al ocupar el sexto lugar entre los países más letales para los defensores.

En 2017, el país se colocó como el cuarto más peligroso para defensores de la tierra; sin embargo, Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, aliada con Global Witness, explicó a Publimetro que "esto no significa que haya disminuido sustantivamente la criminalización sino que los crímenes se elevaron en otros países”.

América Latina, la región más afectada

El reporte documentó que el año pasado fueron asesinados 164 defensores de la tierra en el mundo, más de la mitad de los asesinatos se cometieron en América Latina, la región más afectada desde que comenzaron a contabilizarse estos crímenes en 2012.

“Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchas más personas fueron silenciadas a y través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, señaló la organización.

Global Witness refirió que, en promedio, tres activistas fueron asesinados por semana al defender sus tierras de la invasión de industrias como la minería, al explotación forestal y la agroindustria y es probable que la cifra sea mayor debido a los casos que no se registran y rara vez se investigan.

Filipinas fue el país más peligroso para defensores de recursos naturales con 30 asesinatos; Colombia, con 24; India, con 23; Brasil, con 20; Guatemala, con 16; y México, con 14.

El informe detalla que una de las razones de la criminalización de los activistas en América latina se debe a "la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe. Esto significa que hay muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y que monitorean y denuncian los abusos”.

Impunidad generalizada

Global Witness señaló que en la mayoría de los casos reportados, la impunidad dificulta identificar a los perpetradores; sin embargo, se logró vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos cometidos, mientras que actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes.

Abundó que los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades sin el consentimiento libre, previo e informado.

Además, la criminalización se está utilizando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo.

A esto se suma el hecho de que los inversores, incluidos los bancos de desarrollo, alimentan la violencia financiando proyectos y sectores abusivos, abandonando a las y los activistas amenazados a su suerte.

Campañas de desprestigio, el primer paso

Gustavo Sánchez recordó que aunque muchas veces vemos la criminalización como el asesinato de defensores de la tierra y del medio ambiente, hay otras etapas que influyen como las campañas de desprestigio.

El informe detalla que existen cinco etapas de la criminalización: campañas de desprestigio, cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y la criminalización masiva, que lleva a los ataques físicos, los encarcelamientos y el asesinato.

Sánchez señala que la criminalización en México no se ha erradicado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque ve un panorama favorable por la presencia de algunos miembros del gabinete que son sensibles al tema y han trabajado en temas de la sociedad civil como es el caso del secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, también hay aspectos que deben atenderse como es el caso de las campañas de desprestigio.

"Debemos detener algunas conductas que podrían estar alentando la criminalización y no contribuyendo a la protección y al reconocimiento de los defensores ambientales, concretamente creemos que se debe fortalecer el espacio de la participación ciudadana y superar esta etapa de desconfianza hacia organizaciones, activistas y entender que su papel no es validar las acciones gubernamentales sino expresar de manera critica y con propuestas cuáles son los riesgos que se perciben en un proyecto o en una política", abundó.

Desde su óptica, el título que le da Global Witness al reporte ("¿Enemigos del Estado?")  es bastante elocuente al papel que juegan los gobiernos. "Es decir, el hecho de ser críticos, un movimiento, organización, comunidad, no implica que sea un enemigo del estado", concluye.

Recomendaciones para evitar el aumento de la criminalización: 

• Combatir las causas estructurales: Implica combatir la corrupción y la impunidad, garantizar y respetarlos derechos territoriales, defender las salvaguardas ambientales y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
• Apoyar y proteger: Las empresas y los gobiernos pueden tomar una serie de medidas para reconocer públicamente el importante papel de las personas defensoras, abogar por su protección, proporcionarles las herramientas que necesitan para llevar a cabo su activismo de manera efectiva y garantizar su seguridad cuando están en riesgo.
• Garantizar la rendición de cuentas: Para prevenir futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores, los culpables de los ataques contra personas defensoras deben comparecer ante la justicia; y quienes no las apoyen ni las protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.

Defensores asesinados

• Abraham Hernández González
• Adrian Tihuilit
• Guadalupe Campanur
• Janeth González López
• Jesús Álvarez Chávez
• Jesús Javier Ramos Arreola
• Joaquín Díaz Morales
• Julián Carrillo
• Manuel Gaspar Rodríguez
• Margarito Díaz González
• Noel Castillo Aguilar
• Quintín Salgado Salgado
• Rolando Crispin López
• Sergio Rivera Hernández